El día viernes se aprobó en el Concejo Deliberante de Rosario de la Frontera el informe final de la comisión investigadora donde se recomienda la constitución de un juicio político para evaluar la destitución del intendente Gustavo Solís. Sobre el asunto se explayó la concejal Valeria Orozco, quien manifestó alivio tras la decisión de los ediles Rosarinos.
Las causas por las cuales se iniciaría todo el proceso legal son por robo de identidad, falsificación de firmas y cobro de planes sociales; y la otra se trataría de unos cheques de dudosa procedencia, que involucran a empleados municipales. Por otro lado, existe una denuncia de la fundación Sagrado Corazón, la cual involucra a Solís en el pedido de un porcentaje del pago de una obra, esto es, una coima.
Solís, el perseguido…
Sobre las acusaciones de espionaje de parte del intendente debido a los audios donde fue expuesto, la concejal Orozco aseguró que ‘’con el consejo deliberante nunca quiso tener dialogo (…) existe un audio donde él pide un porcentaje de la obra’’, y además, la edil agregó que Gustavo Solís: ‘’quiere hacer creer que esto es una persecución política’’.
Cheques a diestra y siniestra
En la causa de los cheques se encuentra involucrada la hermana del intendente, Carolina Solís, quien por ese entonces se desempeñaba como secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Rosario de la Frontera, y quien estuvo en prisión domiciliaria. Sin embargo, según narró Orozco, la misma aún mantiene funciones fácticas dentro del edificio de la intendencia. Ante esta situación el Consejo Deliberante pide también la destitución de todo cargo para ella.
Se habla de aproximadamente de más de cien cheques expedidos con diferentes montos, a partir de ello la edil informó que ‘’hay cheques de 244 mil pesos, 280 mil pesos, 145 mil pesos’’. Según le explico Orozco a Agenda Salta, todos los documentos importan un mínimo 50 mil pesos: ‘’Estos estaban destinado a insumos que facturaban para regalos varios, como planchitas para el pelo o arreglos a camionetas, las cuales no coincidían con las empresas para las que ellos expedían estos cheques’’, aseguró.
Planes Sociales
Otro de los temas que complican a Gustavo Solís está relacionado al otorgamiento de planes sociales. ‘’Aparentemente le pedía a más de 100 personas a quienes le pedía la documentación y esa plata la cobraba el secretario privado del intendente’’, aseguro la concejal Valeria Orozco.
La demora en el proceso de investigación se debe, en palabras de la edil, a la voluntad de la justicia. Hace meses hubo un cambio de fiscal, y este tuvo como consecuencia la agilización de la causa, siendo condescendiente con los tiempos. A la pregunta sobre si ella cree que hay alguna supuesta presión política para no avanzar en la causa, la edil fue tajante: ‘’Por ahí alguien de alguna forma interviene para que estas cosas no lleguen a su fin, por cuestiones de intereses creados. Por eso es que le pedimos al Gobierno de la Provincia que no mire para otro lado, que controle a los intendentes’’.
El día miércoles quedo conformada la comisión de juicio político, y a partir de ahora se solicitará una resolución para iniciar el proceso judicial por todas estas causas. Rosario de la Frontera arde.
