“Irracional y arbitrario”, según la fuente de Agenda Salta, el reparto de terrenos y bienes públicos municipales a favor de amigos, familiares y corporaciones que realiza el actual presidente del Concejo Deliberante capitalino, Darío Madile, y los ediles que los secundan o obedecen es, desde hace 3 años, escandaloso. La frutilla del postre: donaron a terceros el edificio donde actualmente funciona un centro de primera infancia. Nadie piensa en los niños.
El Concejo Deliberante, encabezado por su presidente, Darío Madile, viene realizando de manera sistemática donaciones de terrenos y edificios municipales (además de polémicas condonaciones de deudas y eximiciones de pago de tributos municipales), de manera unilateral y sistemática, sin consulta previa al poder ejecutivo capitalino, arrogándose la calidad de deidad omnipresente y todopoderosa y entregando a amigos, familiares y compañeros de militancia política, bienes públicos que nos pertenecen a todos los salteños.
En lo que transcurrió del 2023, Madile -junto a sus ediles- han realizado cientos de condonaciones de deuda, eximiciones de pago de tributos municipales y donaciones de tierras de uso público, la que fueron entregadas a manos privadas, dejando sumamente comprometido el patrimonio de los salteños.
Además, entre otras travesuras, los concejales salteños resolvieron condonar las deudas del Consejo de Ciencias Económicas y eximirlos del pago de tributos municipales desde la fecha de promulgación del decreto. No está de más decir que dicha entidad representa a profesionales de una clase social acomodada, y no a una fundación o entidad de lucha contra la pobreza.
El Concejo de Ciencias Económicas, el ente que nuclea a los contadores de la provincia de Salta, y que se encuentra perfectamente saneado en sus arcas, no padece necesidades, ni justifica tal eximición. Si embargo, favor que va, favor que viene, pierden los salteños.
Un Centro de Primera Infancia
Fuera de todo sentido común, y con la ya demostrada voracidad inmobiliaria que lo caracteriza, Darío Madile fue aun más lejos. Mediante la Ordenanza N°11.166, el Concejo Deliberante capitalino donó a título gratuito la superficie de tierra de 371mts cuadrados donde, hoy por hoy, en la matrícula catastral “donada”, funciona el Centro de Primera Infancia (CPI) “Monseñor Pérez” de barrio Municipal. Madile y sus concejales “adictos” no tuvieron en cuenta la situación y necesidad de dicho terreno, ni el uso que se le da ¿Que pasara con los niños allí asistentes? Como dicha ordenanza no contempla un reemplazo a dicho edificio, aun nadie sabe cuál será el destino del CPI, ni de los niños que allí se contienen.
Antes de la campaña, un favorcito a la banda sindical
Dentro del armado político del mediático Emiliano Durand, el próspero presidente del Concejo Deliberante, que no hizo ninguna escala previa entre una humilde casa en el barrio El Huaico a una mansión Hollywoodense en Valle Escondido (a donde nadie lo vea…) no se priva de nada.
En la búsqueda desesperada de apoyos para la campaña, Madile cometió otro acto de generosidad con los recursos públicos, con la que no es de él: En el transcurso de la última semana, y mediante Ordenanza Nº11.179, el Concejo Deliberante decidió continuar con sus malos hábitos y procedió a donar al Sindicato de Trabajadores Municipales del Concejo, 2.500 metros cuadrados de un terreno de propiedad municipal.
Dicha disposición fue realizada sin consulta previa y en directo detrimento del patrimonio municipal, y en consecuencia, de toda la ciudadanía. Este beneficio “sindical” no es cualquier moneda, sino la modesta colaboración del líder Saencista a sus muchachos gremialistas.
Otras aventuras de un loquillo
El acto de despojo (con la tuya) del presidente del Concejo Deliberante Salteño, no es el único, sino que se suma a una larguísima lista, por lo menos peculiar, de ordenanzas sancionadas a toda velocidad y que comparten el mismo interés: Tierras, tierra y más tierras. Las Ordenanzas N°10.611, 10.679, 14.142, concernientes a desafectaciones de espacios verdes y que favorecen a terceros (o sea, son donaciones), o la Ordenanza N°10.902, que al margen de versar sobre el traspaso de un bien inmueble de índole público a manos privadas, como ya se dijo, establece que la transferencia de titularidad debe realizarse a título gratuito, situación irregular e irresponsable, y sumamente alarmante por donde se la mire.
Darío y sus causas judiciales en el fuero Federal: Madile, el Sr. de las Facturas
Comodín inexperimentado, ocupó lugares en Turismo, Gobierno, Oficios y hasta en Ambiente. Un verdadero artista en eso que llamamos arrasar.
Su último cargo en el Ejecutivo fue el de Sub. Secretario de Relaciones con la Comunidad y presidente de la Panadería Social (enero a diciembre de 2019). En esta etapa sus resultados fueron escandalosos, pues existirían dos causas federales sobre un presunto desvío de fondos e irregularidades en la facturación del pan que administraba el municipio en aquel entonces por un monto que rondaría los $10 millones (con un valor de dólar no superior a los 40 pesos).
El programa Pan Solidario, más conocido como la “Panadería Social”, es una sociedad del estado que fue creada con el fin de brindar asistencia alimentaria a merenderos, comedores y hospitales de la ciudad. Su principal financiamiento provenía de la Cooperadora Asistencial, la cual dejó de existir en todos los municipios tras la sanción de una ley provincial desde el 2020.
“Hasta ese momento, Madile se ocupaba de inventariar pedidos de pan para distribuirlos, justamente, en tiempos de su campaña electoral a concejal”, detalla en el medio BuufoSalta, el periodista Carlos Córdoba, y agrega que “Muchos se preguntan si los encargos que hizo el titular del Concejo capitalino podían ser resueltos por una fábrica tan pequeña”. En este contexto BuufoSalta pudo acceder a un pedido por más de 90 mil facturas, casi 160 mil panes dulces y más de 90 mil tortillas, entre otras.
En concreto, en un expediente de septiembre de 2019 (Nº 55025 SG2019) figura un encargo por más de medio millón de productos (entre tortas, panes dulces, facturas, tortillas, etc.) para ser entregados en 15 días, por un valor de $1.798.940. Surgen al menos dos preguntas: ¿Cuántos expedientes como este habrán circulado durante ese año? ¿Cuánto facturaba al año la empresa? La información en este sentido es difusa o prácticamente nula.
Además de los abultados pedidos, la mala administración de Madile dejó como saldo 2 meses adeudados en sueldos a los trabajadores, lo cual derivó en múltiples paros y manifestaciones públicas. También habría deudas a proveedores, en AFIP, e incluso Anses por los aportes no realizados a los empleados.
Con total impunidad, Madile formó parte de las irregularidades que arrastraba la Panadería Social. Existirían dos causas federales que se encuentran bajo secreto de sumario. Allí se investigan la posible emisión de facturas apócrifas y el presunto desvío de fondos, entre otras inconsistencias administrativas que tienen larga data.
La sucesora de Madile, Daniela Vega, había advertido al asumir que la Panadería Social estaba “en déficit”. Tales afirmaciones fueron negadas, pero luego afloraron protestas de empleados del organismo que confirmarían tales detalles. Al mismo tiempo, en esa época también circularon imágenes que exhibieron la pésima higiene y seguridad del lugar administrado por Madile.
Si bien aún no está imputado, debido a que las causas se congelaron en los cajones del Poder Judicial salteño, queda claro que Madile fue cómplice de quitarle el pan a los más necesitados para atender sus intereses y relajarse en el exclusivo barrio privado Valle Escondido.
