En la localidad de El Potrero, varios vecinos autoconvocados están levantando su voz contra el intendente Carlos Mur Reinaga, quien fue reelecto el pasado 14 de mayo. Claudia Ayuso, una de las vecinas implicadas en la denuncia, expuso los hechos en una entrevista con Agenda/Salta. Ahí relató cómo Carlos Mur Reinaga, tras casi una vida al frente del municipio, hizo muy poco por sus habitantes y tuvo que apelar a traer votos de otros lugares para poder ser reelecto por novena ocasión.
La situación comenzó a generar dudas durante las elecciones, cuando los habitantes notaron la presencia de personas ajenas al pueblo emitiendo su voto. Según comentó Ayuso, esto llevó a una investigación que reveló que el intendente Mur Reinaga habría traído votantes de otras localidades que no pertenecen a la segunda sección de Rosario de la Frontera, donde se encuentra El Potrero. Además, señaló que se realizaron cambios de domicilio fraudulentos en el registro civil, que casualmente está ubicado dentro del municipio, para lo que utilizaron direcciones falsas e incluso lugares públicos sin residentes, como el caso de un Fortín de gauchos. En ese contexto, la reelección del intendente Mur Reinaga se dio con una diferencia de 109 votos sobre los otros candidatos, entre ellos el concejal Mario Guerra.
Claudia Ayuso y los demás vecinos presentaron una denuncia ante la Junta Electoral, respaldada por pruebas y testimonios. Sin embargo, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta ni acción por parte de las autoridades competentes. Pero la indignación va más allá de las acusaciones de fraude electoral. Llevan años padeciendo problemas graves en su comunidad, como la falta de acceso a agua potable segura debido a la presencia de arsénico. Además, las calles están en condiciones intransitables y las obras públicas permanecen inconclusas mientras el intendente retiene los fondos destinados a esos proyectos.
La protesta ha tomado forma de marchas y cortes de ruta desde el día 15 de mayo. Las mujeres encabezan estas manifestaciones y reclaman la renuncia del intendente Mur Reinaga, quien ha respondido a las demandas de los vecinos con indiferencia y desprecio. Actualmente, la municipalidad está cerrada y solo se permite el acceso a personas afines al intendente, generando un ambiente de control y monopolio sobre la gestión local.
La situación se agrava debido a las amenazas recibidas por las mujeres que lideran las protestas. A pesar de la resistencia pacífica de los vecinos, se han difundido falsas acusaciones de violencia por parte de las autoridades municipales, intentando deslegitimar sus reclamos. La denuncia de fraude electoral y malversación de fondos ha sido presentada también al Concejo Deliberante, pero aún no han recibido ninguna respuesta oficial. Los vecinos solicitan la intervención del gobierno provincial, exigiendo que el gobernador los escuche y tome medidas para poner fin a esta situación insostenible.
