La situación en el municipio de San Ramón de la Nueva Orán se ha vuelto tensa. Hay denuncias de irregularidades financieras presentadas por la concejala Alejandra Pato, perteneciente a la Unión Cívica Radical. En una charla con Agenda/Salta, detalló las acusaciones contra el intendente saliente, Pablo González, quien dibujó los salarios de su planta política. Hay casi 200 empleados para una municipalidad que no funciona.
Según Pato, González habría incumplido de manera reiterada con la carta orgánica municipal, al no presentar de manera transparente la planta política en el presupuesto municipal. "El intendente se hizo una costumbre el no cumplir con la ley 5071", declaró Pato, destacando que esta falta de transparencia involucra tanto a los sueldos como a la cantidad de personas beneficiadas en el informe realizado del presupuesto 2023. La respuesta municipal fue que la municipalidad a cargo de González tiene 199 personas en planta política, tanto municipal como el Concejo Deliberante. Esto le implica en gastos 33 millones de pesos mensuales.
Uno de los aspectos más llamativos de la denuncia es el presunto ocultamiento de datos sobre los sueldos de los empleados municipales. Según Pato, el informe presentado por González al Concejo Deliberante -luego de una serie de pedidos- indicaba que el director de tránsito ganaba 366 mil pesos, un sueldo mayor al del propio intendente. Esta situación es considerada por demás irregular bajo los estándares comunes de remuneración, que toman como salario máximo en el municipio al del jefe comunal. Sin embargo, el director de tránsito, en una reunión con Pato, mostró un recibo de sueldo que demostraba que su salario era considerablemente menor al informado por el municipio.
Además, el informe presentado por González al Concejo Deliberante contenía ocho cargos en concepto de honorarios que no estaban debidamente declarados. Esto levanta interrogantes sobre la transparencia de los gastos de la planta política y la asignación de fondos. Sin embargo, esos cargos son del propio cuerpo deliberativo, pero no por eso dejan de estar dentro del la órbita de la municipalidad. “Hoy no sabemos cuánto cobran, cuál es su honorario, cuál es su situación de cobro en relación a sus salarios. Esto también no da una transparencia en el total que ellos imputan en gastos de esta planta política”, señaló la entrevistada.
Consultada si se tiene registros desde cuándo hay este descontrol en la municipalidad, la edil oranense comentó: “Nosotros tomamos conocimiento a partir del 10 de agosto, que es cuando ingresa el pedido de informe al Concejo Deliberante, y es ahí a donde tomamos ese conocimiento de la gravísima irregularidad que tiene el municipio en relación al pago de sueldos de la planta política”.
La concejala Pato expresó su preocupación por la falta de claridad en los sueldos y las asignaciones dentro de la planta política municipal. "Estás ya todo en manos de la justicia y serán las investigaciones correspondientes para determinar en cada caso la situación ocurrida", afirmó. También subrayó que la falta de servicios y el estancamiento en el progreso de la ciudad agravaban la situación.
La denuncia de Pato cobra aún más relevancia en el contexto de las negociaciones salariales de los trabajadores municipales, quienes exigen sueldos justos y dignos. Los ciudadanos también están preocupados por la abrupta disminución en la prestación de servicios municipales después de las elecciones provinciales, cuando González sufrió una derrota y dejó de brindar servicios de un día para otro.
