Hace instantes, los diputados y diputadas la aprobaron por la mayoría y con el voto negativo de la legisladora del PRO, Sofia Sierra.
Jorgelina Juárez, por el departamento Orán lamentó que el Gobierno no tenga un plan, un camino para solucionar la violencia de género, asimismo remarcó que es el segundo año desde que ocupa una banca que se trata una prórroga.
“Es una vergüenza tratar una prórroga en una provincia que en ocho años no pudo resolver la violencia de género”, manifestó
Carolina Ceaglio, por el departamento Orán remarcó que el machismo no es privativo de los hombres, sino que nos atraviesa a todos.
Por su parte, la diputada Sofía Sierra por el departamento Capital señaló que es necesario hacer “leyes en serio”. Agregó que el Ejecutivo tiene la facultad de elaborar un plan y remitir leyes que ayuden a las víctimas de violencia. “Pasaron ocho años del primer decreto y sus prórrogas, lo que hacen es darle un cheque en blanco al Ejecutivo”, resaltó.
La Diputada Nancy Jaime por el departamento Metán apuntó a la Ley Micaela, a la deficiente capacitación dentro de los espacios deliberativos, y detalló los últimos hechos de violencia de género que se suscitaron en los concejos deliberantes de los municipios, tal fue el caso de Ricardo Colque, quien fuera excluido por sus pares.
La norma, sancionada en diciembre de 2014, faculta al Poder Ejecutivo provincial a realizar todas las acciones que estime conducentes para dar solución a la crítica situación por la violencia de género en Salta y a disponer la afectación e incorporación de las partidas presupuestarias necesarias para ello, sin embargo hoy por hoy Salta es una de las provincias con más femicidios en el país.
Cabe preguntar qué se hizo en este tiempo, y sí los mecanismos, herramientas y organismos que se destinan a solucionar o prevenir los femicidios sirven o no.
