Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner (2019-2023) la Argentina bajó 5 puntos en el Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) mundial del año pasado y retrocedió 20 posiciones en el ranking de los países donde los funcionarios y empresarios cómplices más le roban al Estado.
En los resultados de esos dos instrumentos durante el 2023 la Argentina obtuvo 37 puntos sobre 100 posibles en el Índice de Percepción de Corrupción 2023, descendiendo 1 punto con respecto a 2022 y retrocediendo 4 puestos en el ranking (pasando de la ubicación 94 a la 98 entre 180 países), informó Poder Ciudadano, el socio local de Transparencia Internacional con sede en Berlín. Es decir, empeoró gravemente respecto los índices que había dejado la gestión de Mauricio Macri.
El IPC clasifica a 180 países y territorios según las percepciones con respecto al nivel de corrupción en el sector público, empleando una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción). Así, Argentina sigue estancada y sin grandes cambios en el compromiso del país con este problema estructural.
Fuente: TRANSPARENCY INTERNATIONAL
Los registros durante el gobierno del Frente de todos fueron en el 2020 42 puntos sobre 100 posible dejando a la Argentina en el puesto 78; en 2021 esos guarismos fueron 38 y 96; en el 2022, 38 y 94 y en 2023, 37 y 98, respectivamente. Este índice lo usaban entidades internacionales como el Banco Mundial o fondos privados para decidir si otorgan créditos o hacen inversiones.
Estos índices significan una grave caída respecto del ranking que se había logrado durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019). En 2019 , la Argentina ocupó el puesto 66 -de entre los 180 países clasificados- y tuvo una puntuación de 45/100 puntos, obteniendo su mejor nota y posición en la última década.
¿Cuáles fueron las razones del empeoramiento?
Durante el gobierno de Alberto y Cristina la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) fueron retiradas como querellantes de las causas por corrupción contra el kirchnerismo. Además, la ex vicepresidenta lanzó un inédito ataque contra jueces, fiscales y periodistas a través de proyectos de ley, como por ejemplo el intento de remover al Procurador General de la Nación, o la puesta en marcha de la comisión de Juicio Político contra la Corte, encabezada por los diputados ultra K Leopoldo Moreau, Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade. Sin contar, que se descubrió que Tailhade recibió los chats hackeados del ex ministro de Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, de manos del espía inorgánico Ariel Zanchetta, preso y procesado por espionaje ilegal a jueces y fiscales.
Además, durante el gobierno de Alberto y Cristina se desataron escándalos como las fiestas en la residencia presidencial de Olivos durante la Pandemia del Covid y el vacunatorio VIP.
Por su parte, Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional, señaló: “Argentina se encuentra estancada desde hace mucho en la lucha contra la corrupción”. “No se han realizado esfuerzos significativos en esta materia en los últimos años. Los vaivenes de las intervenciones de los organismos de control de la corrupción y la injerencia de la política en el poder judicial hacen que la lucha contra la corrupción avance muy lentamente en nuestro país”, sostuvo Secchi.
Luego advirtió que “las primeras propuestas enviadas al Congreso de la Nación por el recientemente asumido Presidente Javier Milei carecen casi en su totalidad de un abordaje integral y sistemático en materia de integridad y lucha contra la corrupción; un tema que, sin embargo, está entre las prioridades de la ciudadanía.” La primera evaluación del gobierno de Javier Milei se conocerá en enero del año próximo.
El nuevo titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik negó la semana pasada en una entrevista con Clarín que exista un pacto de impunidad con Cristina Kirchner. Dijo que va a querellar en causas por corrupción si el congreso mantiene esa facultad para ese organismo y que investiga casos de conflicto de intereses en el gobierno de Milei. Melik dijo le preocupa este índice que llamará a consultas a Poder Ciudadano y otras ONGs preocupadas por la lucha contra la corrupción.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado este martes por Transparencia Internacional, muestra que la mayoría de los países lograron mínimos o nulos avances en combatir la corrupción en el sector público. Por doce años consecutivos, el promedio global del IPC se mantiene sin variaciones en 43 puntos, y más de dos tercios de los países obtienen una puntuación inferior a 50. Esto indica que existen graves problemas de corrupción a nivel del planeta.
Por otra parte, esta edición del IPC para la región latinoamericana revela que el poder judicial en las Américas no cumple su papel crucial como control de otras ramas del gobierno. La falta de independencia judicial socava el Estado de derecho, promueve la corrupción y conduce a la impunidad de los corruptos y poderosos, afirmó el informe. Con el puntaje promedio de la región manteniéndose en el puesto 43 y dos tercios de los países por debajo de 50, "es imperativo abordar esta cuestión para la lucha eficaz contra la corrupción", dijo Poder Ciudadano.
A su turno, Luciana Torchiaro, Asesora Regional para las Américas de Transparencia Internacional aportó al análisis de estos datos: "Los países de la región deberían trabajar para tener poderes judiciales fuertes e independientes que provean rendición de cuentas y justicia”.
“No hacerlo erosiona los fundamentos mismos de la democracia y el Estado de derecho. El continuo debilitamiento de los pesos y contrapesos sólo fomentará la impunidad, tanto para los grupos de poder como para los corruptos, en detrimento del público en general y el bienestar colectivo”, agregó Torchiaro.
De acuerdo a este índice, Canadá (76) y Uruguay (73) están en la cima del ranking regional con controles y contrapesos más robustos de la Justicia sobre los gobiernos. En cambio, Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) tienen los puntajes más bajos de la región, con impunidad generalizada y falta de independencia del poder judicial.
El informe destaca que sólo dos países, Guyana (40) y República Dominicana (35), “han mejorado sus puntajes del IPC durante la última década, mientras que los demás se han estancado o han retrocedido significativamente”.
La sensación generalizada de impunidad y la incapacidad de actuar imparcialmente de fiscales y jueces -garantizando juicios justos e igualdad ante la ley-, "erosionan significativamente la confianza en el poder judicial en las Américas", agrega el informe de Transparencia. Esta percepción a menudo "desalienta la presentación de denuncias, ya que las instituciones son vistas como corruptas, poco confiables e inseguras, advirtió Transparencia Internacional", puntualiza.
En cuanto a Guatemala (23), Transparencia Internacional ha experimentado una caída de 10 puntos desde 2012, “atribuida a tres administraciones sucesivas alineadas con prácticas corruptas. La próxima tarea para el gobierno entrante de Guatemala, encabezado por el presidente electo Bernardo Arévalo, será desmantelar las redes de corrupción que han se infiltraron en el Estado y restablecer sus funciones básicas”.
Por su parte, Chile (66) “sigue destacando en el IPC gracias a sus sólidas instituciones democráticas y sus altos niveles de transparencia. Sin embargo, la nación ha experimentado una disminución sustancial de su puntaje desde 2014”. “Este año, el país se encuentra en una coyuntura crucial con el potencial de combatir la corrupción y frenar el crimen organizado mediante la adopción de la ley de beneficiarios finales y la puesta en práctica de las recomendaciones proporcionadas por la Comisión Asesora de Probidad y Transparencia”, agregó el informe.
Transparencia Internacional hizo un llamado a los gobiernos para que otorguen a los sistemas de justicia la independencia, los recursos y la transparencia necesarios para castigar eficazmente todos los delitos de corrupción y poner controles institucionales al poder. Cuando resulte necesario, "los gobiernos también deben adoptar leyes y procedimientos más eficientes para que las instituciones de justicia puedan protegerse frente a actos corruptos y contrarrestarlos", recomienda el informe.
A su turno, Daniel Eriksson, Director Ejecutivo de Transparencia Internacional, manifestó: “La corrupción agrava la injusticia social y afecta en forma desproporcionada a los más vulnerables. En muchos países, "persisten obstáculos para que las víctimas de corrupción puedan obtener justicia”. “Ha llegado el momento de eliminar las barreras y asegurar que las personas puedan tener acceso efectivo a la justicia. Todas las personas merecen que haya sistemas legales justos e inclusivos donde las voces de las víctimas se escuchen en cada instancia. Cualquier otra posibilidad es una afrenta a la justicia”, finalizó Eriksson.
De acuerdo al Índice de Estado de Derecho, el mundo está experimentando un declive en el funcionamiento de los sistemas de justicia. Los países con las puntuaciones más bajas en este índice también están obteniendo una puntuación muy baja en el IPC, lo que pone de relieve que existe una conexión clara entre el acceso a la justicia y la corrupción.
Tanto los regímenes autoritarios como los líderes democráticos que menoscaban la justicia contribuyen "a profundizar la impunidad de la corrupción y, en algunos casos, incluso la fomentan al eliminar las consecuencias para los infractores". El impacto que tienen sus acciones resulta evidente en países de todas las regiones, desde Venezuela (13) hasta Tayikistán (20).
François Valérian, Presidente de Transparencia Internacional, señaló al respecto: “La corrupción seguirá ganando terreno hasta que los sistemas de justicia puedan castigar los actos indebidos e imponer controles a los gobiernos. Cuando la justicia es algo que se puede comprar o interferir políticamente, quienes sufren son las personas comunes”.
“Los líderes deben comprometerse de manera plena con fortalecer y garantizar la independencia de las instituciones que aplican la ley y enfrentan la corrupción. Es momento de terminar con la impunidad de la corrupción”, agregó Valérian.
En cuanto a los datos más destacados del informe a nivel global sobresalen los siguientes:
- Dinamarca (90) encabeza el índice por sexto año consecutivo, seguida de cerca por Finlandia y Nueva Zelanda con puntuaciones de 87 y 85, respectivamente. Debido al buen funcionamiento de sistemas de justicia, estos países también se encuentran entre los primeros puestos en el Índice de Estado de Derecho.
- Somalia (11), Venezuela (13), Siria (13), Sudán del Sur (13) y Yemen (16) ocupan las posiciones inferiores en el índice. Todos estos países se ven afectados por crisis prolongadas, en su mayoría conflictos armados.
- Hay 23 países —entre ellos algunas democracias que ocupan posiciones altas como Islandia (72), los Países Bajos (79), Suecia (82) y el Reino Unido (71), al igual que algunos estados autoritarios como Irán (24), Rusia (26), Tayikistán (20) y Venezuela (13)— que este año están en niveles mínimos históricos.
- Desde el año 2018, 12 países han registrado un descenso significativo en las puntuaciones del IPC. La lista incluye a países de ingresos bajos y medianos como El Salvador (31), Honduras (23), Liberia (25), Myanmar (20), Nicaragua (17), Sri Lanka (34) y Venezuela (13), así como a economías de ingresos medianos-altos y altos como Argentina (37), Austria (71), Polonia (54), Turquía (34) y el Reino Unido (71).
- Durante ese mismo período, ocho países mostraron mejoras en el IPC: Irlanda (77), Corea del Sur (63), Armenia (47), Vietnam (41), Maldivas (39), Moldavia (42), Angola (33) y Uzbekistán (33).
