Eduardo Virgili, concejal del partido Ahora Patria en la ciudad de Salta, presentó un controvertido proyecto de ordenanza que busca establecer pruebas antidoping como requisito para ejercer funciones públicas municipales. El concejal argumenta que esta medida es necesaria para asegurar la idoneidad y responsabilidad de los representantes en la administración de recursos y decisiones que afectan a la ciudadanía.
En una entrevista con Agenda/Salta, Eduardo Virgili, concejal del partido Ahora Patria en Salta, explicó los detalles de su reciente proyecto de ordenanza que ha generado un intenso debate en el ámbito político local. El proyecto propone la implementación de pruebas antidoping como requisito para ejercer funciones públicas municipales en la ciudad de Salta.
El edil argumentó que la propuesta surge de la necesidad de asegurar la integridad y responsabilidad de los funcionarios que administran los recursos y bienes municipales, así como toman decisiones que afectan a la comunidad. Virgili destacó que es crucial desterrar el mito de que los políticos son intocables y enfatizó que la idoneidad de los representantes es fundamental para el buen funcionamiento de la gestión pública.
“Yo opino lo siguiente: Si tenés algún... Yo dejo libre a las personas que eligen qué tipo de vida quieren tener y si tienen algún problema de adicción, no te metas en la política. O sea, o por lo menos no le cargues a los ciudadanos de bien a un funcionario que cobra muchísimo de por sí y que va a tener que decidir de cuestiones importantes que nos afectan a todos en un estado en el que no corresponde”, acotó.
La ordenanza, de ser aprobada, abarcaría tanto a concejales como a funcionarios del ejecutivo municipal, incluyendo al intendente, secretarios, pro-secretarios, coordinadores y jefes de departamentos y áreas de gestión. Virgili señaló que esta medida también buscaría promover una imagen de transparencia y responsabilidad por parte de los políticos, en un momento en que la reputación de la política en el país se encuentra debilitada.
Una de las principales implicaciones del proyecto es que cualquier funcionario que dé positivo en la prueba antidoping sería causal del cese de su función pública. En el caso de funcionarios designados, esto implicaría la terminación de su cargo, mientras que para los funcionarios electos, se contempla la suspensión o la renovación del mandato una vez superado el consumo de sustancias ilegales.
En cuanto a la reacción interna en el Concejo Deliberante, Virgili admitió que aún no ha conversado formalmente con sus colegas sobre el proyecto, ya que este recién ha tomado estado parlamentario. Sin embargo, se mostró confiado en que la medida debería ser respaldada por aquellos comprometidos con la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.
El proyecto de ordenanza propuesto por Virgili ha generado un debate sobre los límites de la privacidad de los funcionarios públicos y la importancia de garantizar que estén libres de influencias que puedan comprometer su capacidad para tomar decisiones coherentes y responsables en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, el concejal del olmedismo aclaró que no presentó el proyecto porque dude en particular de ninguno de sus colegas ediles, ni del resto de funcionarios.
