Tras una auditoría interna en la que encontró posibles maniobras «defraudatorias» en los desembolsos para el funcionamiento de varios centros de primera infancia, la ministra Sandra Pettovello, denunció a las autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) que se desempeñaron entre el 1° de enero de 2018 y el 10 de diciembre pasado.
Ese organismo funcionaba bajo la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social y, de acuerdo al rastrillaje efectuado por Capital Humano, se detectaron varias transferencias millonarias de subsidios «sin rendición de cuentas» o con aclaraciones «parciales o irregulares» en el marco del programa Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia.
La iniciativa tenía como objetivo garantizar una adecuada y saludable nutrición de los niños, así como promover la estimulación temprana y el cuidado de los menores en situación de extrema vulnerabilidad, por lo que se estableció una batería de normas que regulaban el mentado programa.
La causa quedó asentada en el juzgado federal número 12, que es subrogado por el juez Ariel Lijo, en la que se investigan los presuntos delitos de defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La presentación se enmarca en las acciones penales impulsadas por la cartera por presuntas irregularidades en la contratación de seguros, entre otras investigaciones. La semana pasada el propio Javier Milei destacó la labor de su amiga funcionaria. «Fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Me emociona la ministra de Capital Humano que es una máquina de encontrar curros», aseguró en un reportaje televisivo.
En este caso, se encontraron presuntas irregularidades en el cumplimiento de un programa que, tras ser rubricado con las instituciones, contemplaba las transferencias de los recursos en forma semestral. Pero luego la propia Secretaría debía «aprobar» las rendiciones de cuentas de los mismos.
Los destinatarios de los subsidios eran los denominados Espacios de Primera Infancia (EPI), también denominados Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que albergaban a niños de entre 45 días y 4 años de edad de todo el país, «brindando asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad, así como prevención y promoción de la salud».
«Se hacía el primer desembolso pero para cobrar el segundo tenía que estar rendido técnica y contablemente. Pero vimos que había rendiciones observadas y aún así se seguían pagando», destacó una fuente de Capital Humano consultada. Por eso en el Gobierno sostienen que las medidas dispuestas no van en contra del normal funcionamiento de las instituciones sino «contra los funcionarios que no cumplían con la norma administrativa».
Como sea, la auditoría oficial constató el pago de subsidios «sin rendición de cuentas» en varias organizaciones. En la provincia de Santa Fe, se enumeraron los casos del «Jardín Materno Infantil Municipal N° 3 Sede Zazpe en Rafaela, y el «Convenio Específico Casa Padre Catena, en el barrio Barrio Villa Oculta – Caritas Argentina».
En la zona oeste del GBA, se detectaron irregularidades en operaciones realizadas con los jardines maternales y de infantes n° 2 y 3 de la municipalidad de Hurlingham. También se registraron presuntas maniobras en los convenios concertados en municipios de la tercera electoral bonaerense: en el «Jardín Sueños y Sonrisas» de Berazategui y en instituciones de La Matanza. También en un centro de primera infancia de la comuna mendocina de General Lavalle.
«Es evidente que existe una conducta reiterada, constante y concomitante, que se patentiza en la falta de transparencia en la consecución de las actuaciones administrativas en el marco de la acreditación de subsidios», remarca la denuncia que lleva la firma de Pettovello pero también del secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Maximiliano Keczeli, y de la subsecretaria Legal, Leila Daniela Gianni.
