El Gobierno prepara un decreto para que las fuerzas de seguridad puedan reutilizar armas decomisadas. La iniciativa la impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la mesa técnica de Javier Milei ya está revisando los detalles. En Nación esperan que la norma se publique en los primeros días de enero en el Boletín Oficial.
Se trata de modificaciones sobre la reglamentación de la Ley del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Secuestrados (25.938), que se publicó en 2005 en el Boletín Oficial bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Es el decreto 531/2005, que fija los lineamientos del proceso de destrucción de armas incautadas.
Según la norma actual, las armas decomisadas se destruyen una vez que termina el proceso judicial que se inició a raíz de la incautación. El proceso de registro y destrucción lo regula la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que tiene cerca de 100.000 armas en establecimientos a la espera de la decisión de jueces.
La Casa Rosada incluirá una tercera categoría en el articulado de la ley que habilite la reutilización de las armas decomisadas por los agentes de seguridad en caso de que estén en buenas condiciones y coincidan con el modelo vigente que usa la fuerza.
El Gobierno no definió en el articulado de qué forma se redistribuirán las armas incautadas entre las fuerzas de seguridad: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina (PFA), Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal.
En Balcarce 50 reconocen que la mayoría de las armas decomisadas no tienen un posible margen de uso, pero aseguran que “se suelen secuestrar una gran cantidad de pistolas de nueve milímetros, que son las que usan las fuerzas”.
“Hoy solo se conciben las categorías de depósito transitorio y de destrucción directa. Queremos establecer la posibilidad de reutilizar las armas que estén en buen estado. En muchos allanamientos se termina encontrando una armería entera sin uso, que se termina destruyendo”, expresó a TN un funcionario.
Las fuerzas de seguridad deben notificar actualmente el lugar y fecha del secuestro junto con el tipo de arma, sistema de disparo, marca, modelo, calibre y numeración de serie. El reporte debe incluir además los detalles del tipo de munición y su cantidad.
El decreto forma parte de una serie de cambios que está realizando el Gobierno en el ministerio que preside Patricia Bullrich, que pasará a llamarse de “Seguridad Nacional”. El proceso incluye también un traspaso de atribuciones de otras carteras -como Defensa y Justicia- para ampliar sus funciones.
El Ejecutivo prepara además una Ley de Seguridad Nacional para darle más poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a las Fuerzas Armadas. Milei anunciará el envío del proyecto en la apertura de sesiones ordinarias del primero de marzo.
La iniciativa contiene la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que coordine la estrategia exterior. Lo integrarían en principio el presidente, los ministros de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Incluye también cambios en el marco de acción de las Fuerzas Armadas en el territorio interno. Buscan fijar una legislación que habilite a los militares a derribar avionetas que violen el espacio aéreo argentino. Lo mismo aplica para los combates a fuego contra carteles nacionales de narcotráfico que los ataquen.
