El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, determinó que los centros de estudiantes ya no podrán funcionar en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La decisión, formalizada a través de la Resolución 372/2025, publicada en el Boletín Oficial, sostiene que estos grupos no están legalmente reconocidos y que su existencia distorsiona la finalidad de readaptación social de los internos.
Una medida alineada con la política penitenciaria del Gobierno
Esta resolución se enmarca dentro de una política de mayor control y disciplina en las cárceles que impulsa el Gobierno. En diciembre de 2024, la cartera de Seguridad ya había tomado otra medida similar con la Resolución 1346/2024, que obligaba a los presos a realizar tareas de mantenimiento en los espacios comunes sin remuneración.
La nueva normativa prohíbe expresamente el funcionamiento de centros de estudiantes en las cárceles federales y limita la permanencia de los internos en espacios educativos a los horarios estrictamente asignados para sus clases.
Argumentos de la prohibición
Según detalla el documento oficial, en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (CPFCABA), el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) y el Complejo Penitenciario Federal IV (CPF IV) existen grupos de internos organizados bajo la figura de centros de estudiantes. Sin embargo, la cartera de Seguridad considera que su existencia perjudica la estructura del sistema penitenciario.
El Ministerio de Seguridad argumenta que:
Los centros de estudiantes no están reconocidos legalmente ni por la administración penitenciaria.
Dificultan el cumplimiento de las reglas de progresividad del sistema penitenciario, afectando el proceso de reinserción social.
Permiten la permanencia de internos en espacios educativos fuera del horario de clases, lo que entorpece otras actividades obligatorias, como tareas laborales y de mantenimiento.
Generan alteraciones en la seguridad penitenciaria, afectando el desenvolvimiento de la rutina diaria.
