En paralelo al plenario piquetero nacional en el Obelisco, la discusión por el crecimiento de los planes sociales y la intermediación entre el Gobierno y los beneficiarios se prolongó con un proyecto de la Coalición Cívica para penalizar los casos de extorsión o de amenazas coactivas a los beneficiarios de los programas por parte de los integrantes de las organizaciones o los funcionarios públicos.
Un medio nacional publicó en las últimas horas que beneficiarios de planes sociales deben entregar cada mes $500 de los $19 mil del Potenciar Trabajo a punteros políticos y tienen que asistir a manifestaciones, como las que encabeza Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, organización que cuenta con unos 60 mil planes.
Solano, dirigente del Partido Obrero, salió al cruce de la nota “Desmiento categóricamente que el Partido Obrero se quede con un solo centavo de los trabajadores desocupados. Por el contrario, coloca todo su principal capital, que es el de su militancia, y los pocos recursos económicos que tenemos para apoyar al movimiento de desocupados, como a todos los movimientos populares del país”, sostuvo el legislador porteño en un descargo que hizo llegar a este diario.
“En el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380”, admitió Solano que un porcentaje de la asistencia se destina a la organización.
El interrogante es por qué una fuerza política distribuye plata del Estado y le saca un porcentaje a los beneficiarios. El cálculo que hizo el medio porteño es que la izquierda recauda así unos $30 millones por mes, con ese retorno. Si lo que dice Solano fuera cierto, la recaudación mensual del Polo Obrero sería de $22.800.000 por mes.
El espacio fundado por Elisa Carrió presentó una iniciativa para modificar dos artículos del Código Penal. “Si para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, se hiciere uso de amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de cuatro a seis años, e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones”, propone por un lado agregar al artículo 149 bis.
La iniciativa impulsa además una modificación al artículo 168 del Código Penal. “Si para obligar a entregar, enviar, depositar, transferir o poner a disposición de otro, cosas, dinero o bienes, se hiciere uso de falsa orden o amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de seis a doce años e inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones”, quedaría redactado si el proyecto se convierte en ley.
Conducido por Emilio Pérsico -Secretario de Economía Social-, el Movimiento Evita recibe más de 300 mil y maneja el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) a través de Alexandre Roig, con un presupuesto anual superior a los $2.500 millones.
“Se ha generado una dinámica abusiva promovida o tolerada por parte de algunos dirigentes sociales y políticos, quienes disputan poder y muchas veces utilizan a los más necesitados para negociar, incluso, altos cargos en el gobierno”, sostienen los diputados de la Coalición Cívica en los fundamentos del proyecto. “Es público y notorio que muchas personas en estado de necesidad son obligadas a hacer determinadas acciones o a entregar parte del dinero público que reciben de los planes sociales a dirigentes de las organizaciones”, agregan en el texto.
El dirigente Solano, que tuvo como asesor en la Legislatura porteña a Eduardo Belliboni durante mucho tiempo, con un sueldo de $70 mil, señaló que “en relación a la contraprestación, hay que tener en claro que en los comedores se trabaja. Es un trabajo muy arduo que toda la comida que se recibe pueda ser cocinada y llevada a las familias”, agregó el referente del Frente de Izquierda, y cerró: “Este tipo de afirmaciones forma parte de un ataque al movimiento de desocupados en el momento en que hay una lucha importante para conquistar un aumento de los planes que han quedado desvalorizados por la inflación; la apertura -nosotros queremos la universalización- y el aumento de las raciones de comida”.
CLARIN
