Se viven momento de suma tensión en la República Argentina. El juicio por la obra pública, específicamente la causa Vialidad Nacional, dejó en jaque a la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya venía realizando un intento de avance sobre la Corte Suprema de Justicia y el propio Poder Judicial. En este contexto, las pruebas presentadas por el fiscal Luciani sacudieron los cimientos del Frente de Todos y su líder indiscutible. Durante la jornada de ayer, Fernández de Kirchner realizó una defensa mediática que dejó entrever el debilitamiento de su situación ante la justicia.
En paralelo, en el norte del país, la situación comienza a tornarse peligrosa para los gobernadores del Norte Grande, quienes temen que, arrastrados por el descontento popular, producto de la grave situación económica y sumado al imán de imagen negativa en el que dicho espacio se está transformando, corran riesgos sus propias subsistencias políticas. La reelección de varios primeros mandatarios provinciales está en veremos.
Esto se agrava en la provincia de Salta. El actual gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, tiene una fluida y cotidiana relación con el novel ministro de Economía, Sergio Massa, a quien acompaño como precandidato a vice gobernador en las elecciones del año 2015. El advenimiento de Massa al ejecutivo nacional forzó a Sáenz a salir tomar partido. El salteño había sorteado hasta ahora las presiones políticas con una bota en cada vereda.
Apenas conocido el advenimiento de Massa al gabinete económico nacional, Sáenz no tuvo otra que apoyar al hombre de Tigre. Esta situación lo expuso como aliado del Frente de Todos. El potencial costo político a pagar es verdaderamente alto, Salta es una de las 5 provincias más pobres del país. Solo en los primeros 3 meses del 2022 murió un niño cada día y medio, según informó en su momento un alto cargo del ministerio de Salud de la Provincia de Salta.
Los muchos desaciertos personales, y la inevitable relación a Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, son un muro que complica, día a día, las intenciones de Gustavo Sáenz de ser reelecto en 2023. Ante esto, el salteño tomó una de las decisiones más inoportunas de su mandato: forzó a sus legisladores a impulsar e imponer un proyecto de suspensión de elecciones PASO provinciales ¿Los argumentos? Ahorro económico ante la crisis y antipatía de la gente a emitir sufragio.
Sobre esto, la mesa nacional de Juntos por el Cambio formalizó una carta abierta a la sociedad, haciendo un llamado de atención alertando “sobre los cambios en las reglas electorales a seis meses de la apertura de los procesos electorales, ya que es un mecanismo que atenta contra la transparencia y la continuidad de las reglas existentes”. La carta, clara y en donde la actitud beligerante de la vicepresidenta también tiene un párrafo importante, fue firmada por los principales referentes del arco opositor, entre quienes se encuentran Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, Alfredo Cornejo, Mario Negri y, atención, Juan Carlos Romero.
En el mes de mayo de este año, el propio senador por Salta advirtió a Agenda/Salta que “Tampoco es momento para eliminar las PASO y caer en un vacío”. Además, Romero fue más allá y planteó: “Yo creo que si se llega a eliminar (las PASO), lo dijimos hace un tiempo y lo volvemos a decir ahora, tiene que haber un gran consenso para hacer un sistema definitivo, que no hay tiempo para hacerlo ahora”.
El consenso al que se refiere Juan Carlos Romero no existió y el saenzcismo, acorralado, forzó la media sanción del proyecto en la Cámara Baja provincial, aprovechando su amplia mayoría.
Flojos de papeles, los diputados oficialistas tuvieron que ponerle la cara a un proyecto cuyo único fin es la creación de múltiples colectoras armadas a dedo para arrastrar votos a Gustavo Sáenz. Los argumentos expuestos fueron tres: ahorro en tiempos de crisis, cansancio de la población ante la repetición de asistir a las urnas y el análisis de que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias habían virado en una suerte de encuesta cara.
Dichos argumentos fueron sólidamente rebatidos por los diferentes espacios opositores a Gustavo Sáenz. La existencia de un estudio en donde se prueba que la mayoría de los salteños las incorporó y hace uso de las mismas a conformidad, fue expuesto por la consultora WeCom. Su director, Benjamín Gebhard, aclaró sobre este tema que “El argumento para eliminar las PASO es que ‘la gente no quiere votar’ y eso no se condice con la realidad: salvo en la última elección, desde el regreso de la democracia en 1983, la baja participación no es un dato” explicitó y precisó que “en Salta hubo un pico de participación en 1999 con un 92% mientras que desde 2003 y hasta 2021 esa participación electoral se mantuvo en niveles importantes. Es lo que puede verse cuando analiza el porcentaje de electores en los comicios realizados: 63% en el 2003; 67% en el 2005; 72% en el 2007; 57% en el 2009; 68% en el 2011; 71% en el 2013; 73% en el 2015; 75% en el 2017; 69% en el 2019 y 64% el año pasado. Mientras tanto, las PASO que en Salta funcionaron entre el 2013 y el 2019 los índices siempre estuvieron más cerca del 70% de participación que del 60%”. Los datos son inexpugnables.
La teoría de la “Encuesta Cara”, queda desmitificada en el pasado inmediato. El candidato a senador capitalino Adrián Valenzuela le sacó una amplia diferencia a su contrincante directo, Guillermo Durand Cornejo, en las primarias, sin embargo, la victoria de este último fue apabullante en las definitivas.
Respecto del costo de realizar las mismas y el argumento del ahorro, la situación es tan falaz como peligrosa a niveles institucionales. Sáenz se empeña en disociar las elecciones provinciales de las nacionales. El gasto es doble. Esto responde a lo señalado con anterioridad. Sáenz opta por cuidar su propio circo, no quiere pagar el costo político de su salida del closet ideológico. Su apoyo incondicional a Sergio Massa, y al Frente de Todos, lo hace parte del estrepitoso fracaso económico de la República Argentina, y esto tiene un alto costo político.
Por otro lado, la provincia de Salta utiliza el sistema de Boleta Única de Papel. Este método, además de que ha sido puesto en tela de juicio por la cuestión de la transparencia, es un método extremadamente caro. Las Elecciones del año 2019 tuvieron un costo superior a los 500 millones de pesos. Se estima que para el 2023 está cifra se vea duplicada o triplicada, costando el proceso electoral entre mil y mil quinientos pesos, de ahorro nada. En contra partida, la implementación de la Boleta Única de Papel, tiene un costo estimado de 150 pesos por elector. El costo de este sistema sería de unos 150 millones de pesos al día de hoy, diez veces menos que con el voto electrónico.
Sin argumentos sólidos, Gustavo Sáenz expone a nivel nacional la crisis institucional de la República Argentina. Los mecanismos son periódicamente burlados por la desesperación de mantener el poder a como dé lugar. “Queremos advertir acerca de lo que ocurre en las provincias de Catamarca y Salta, donde los gobiernos provinciales están cambiando las reglas del juego”, dice la misiva. Así, es de gran importancia que los salteños hagan una lectura sobre las decisiones ejecutivas y legislativas de las últimas 24 horas. La institucionalidad está en riesgo y pareciera ser que el propio gobernador de Salta está en el bando menos indicado.
