Los fondos fiduciarios bajo la órbita del Estado nacional manejaron recursos públicos en 2023 por $1,5 billones de pesos en una suerte de “presupuesto paralelo”, no sometido a los mismos controles y reglas que el resto de las partidas presupuestarias de la Administración Pública. Esa cifra fue creciendo desde el 2020 durante la gestión de Alberto Fernández y totalizaron en cuatro años $2,9 billones en ingresos (sin considerar actualización por inflación). Sobre su administración, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) emitió una serie de alertas en un informe que llegó a Jefatura de Gabinete en septiembre pasado, que hasta ahora no habían trascendido.
El escrito detecta falta de transparencia y de documentación de respaldo en el otorgamiento de subsidios y financiamientos; ausencia de información “íntegra, confiable y actualizada” sobre su administración para una “fiscalización en tiempo y forma” de los estados contables. Además, advierte sobre la deficiente información respecto del alcance e impacto de las políticas públicas desarrolladas con los recursos de los fondos fiduciarios; la ausencia de mecanismos que contribuyan a “la legalidad, transparencia y economía en los procesos de compras y contrataciones”, y fallas en los procesos de fiscalización para mejorar el recupero financiero de los recursos asignados.
Esta son algunas de las conclusiones del informe de la SIGEN elaborado en agosto del año pasado, a partir de un relevamiento de las auditorías llevadas adelante, entre 2020 y 2023, por las distintas Unidades de Auditorías Internas (UAI) de ministerios y entidades de la Administración Pública Nacional (APN), así como de las sindicaturas jurisdiccionales de la SIGEN (el organismo tienen auditores propios en cada dependencia), respecto de 23 de los 29 Fondos Fiduciarios contemplados en el Presupuesto. En ese momento, la SIGEN estaba a cargo de Carlos Antonio Montero, ex compañero de Facultad de Fernández y un hombre de su círculo íntimo.
El informe fue enviado a la Jefatura de Gabinete el 22 de septiembre de 2023, a cargo de Agustín Rossi en esa fecha, con copia al entonces ministro de Economía Sergio Massa y a la titular del Banco Nación, Silvina Batakis, y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) Fideicomisos, Jorge Tanús. Como la mayoría de sus auditorías internas no se publican en el sitio web de la SIGEN, Infobae accedió a este relevamiento luego de un pedido de Acceso a la Información realizado a este organismo de control interno de la gestión del Poder Ejecutivo.
Este medio consultó al entorno de Rossi sobre si tomaron alguna medida desde la Jefatura de Gabinete en ese momento. Señalaron que desde la JGM se envió copia al Presidente y a los organismos auditados, tanto ministerios como fiduciarios (Banco Nación y BICE), para que actuaran en consecuencia. Pero aclararon que los fondos fiduciarios en la anterior gestión no estaban bajo la órbita de Jefatura de Gabinete - como dispuso Milei cuando llegó a la Casa Rosada - , a excepción de uno: el Fondo Fiduciario de Servicio Universal - Argentina Digital (FFSU) para financiar conexiones a internet, cuyo fiduciante era el ENACOM. Destacaron que en el Presupuesto 2023, el FFSU representó el 1,27% de los recursos totales de los fondos, y que tuvo en la auditoría “observaciones menores”.
A lo largo de 43 páginas, detalla una serie de “debilidades comunes” en el manejo de estos fondos y realiza una serie de recomendaciones para “garantizar la asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, mediante la implantación de Sistemas de Control Interno” que contribuyan a su transparencia, control y mejor administración, por parte de los organismos de quien dependían y de los fiduciarios, en su mayoría, el Banco Nación, el BICE y el Banco Hipotecario.
El informe - que estuvo siendo analizado por el actual jefe de Gabinete, Nicolás Posse - fue uno de los motivos por el que el gobierno de Javier Milei quería reservarse la potestad de eliminar, unificar o modificar esos 29 fondos fiduciarios, según estaba contemplado en el inciso ”h” del artículo 4 de la fallida Ley Ómnibus “para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”. Pero ese punto fue también objetado por sectores de los bloques dialoguistas, lo que colaboró a que se cayera el tratamiento en particular, ya que el oficialismo no reunía los votos para su aprobación.
Es por este motivo, que el Ejecutivo anunció que avanzaría en la eliminación de los que fueron creados por decreto. Como reveló Infobae, en realidad, estos son solo seis. Este lunes se conoció que todos pasaron bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo.
