Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que ratifica a la justicia ordinaria de Salta como responsable de investigar lo referido al daño al erario público municipal y provincial sucedido cuando el ahora gobernador Gustavo Sáenz era intendente de la ciudad de Salta, son muchas las personas que temen que por esta decisión la causa termine naufragando u olvidada en algún cajón. Recordemos que dichos delitos fueron cometidos por una organización encabezada por el empresario Matías Huergo, pero, que tiene como participe al ex secretario de Hacienda de la municipalidad de Salta, Pablo Gauffín.
Sobre este tema, Agenda/Salta dialogó con el Diputado Nacional (Juntos por el Cambio+) Carlos Zapata, quien fue contundente: "hay al menos un funcionario que está en el negocio este de sacar dinero del Estado y apropiárselo a través de una empresa con facturas apócrifas, tiene que aparecer el responsable de la administración y es la administración de Gustavo Sáenz, el actual gobernador".
Recordemos que todo el proceso inició por una denuncia de la AFIP, que luego de una exhaustiva investigación descubrió al menos dos asociaciones ilícitas que evadían impuestos mediante la duplicación de comprobantes, la operatoria incluía la venta de estas facturas apócrifas a otras empresas que perseguían el mismo objetivo de evadir el pago de impuestos, entre las que se destacan Arcadio Obras Eléctricas SRL, SEC SA, Lusal Obras y Servicios SRL, Obrar SRL integradas por personas insolventes, como pantalla "para ocultar al verdadero propietario, responsable y beneficiario de la actividad económica".
El legislador nacional no quiso dejar pasar la oportunidad para precisar el término de “Facturas apócrifas”, como sostén de una falsa arquitectura de negocios cuyo objeto es evadir obligaciones tributarias. "Esto sirve como comprobante de operaciones que nunca se llevaron a cabo o que fueron simuladas con el objeto de reducir el pago de tributos", aseguró Zapata, y explicó, además, que el juez federal de Garantías 1 de Salta, Julio Leonardo Bavio, luego de realizar la investigación resuelve que solo seguiría investigando lo relativo a la evasión impositiva que tiene al Estado nacional como perjudicado. Sobre esto consideró que la Justicia de Salta debía investigar lo referido al daño de las arcas municipales y provinciales, como también la participación de funcionarios en dicha arquitectura.
Zapata, sobre este tema, detalló que "Hubo allanamiento, intervino la policía, la gendarmería nacional, en fin, se sustanció la causa", en referencia a una requisitoria de La AFIP que dice que debe ser investigado conjuntamente para evitar la posibilidad que se pierdan pruebas o que las diferencias en los códigos procesales entorpezcan la finalidad buscada, que es la sanción a las personas que cometieron los ilícitos.
La causa tiene desde junio de 2019, a ocho personas procesadas: los hermanos Aníbal Anaquín y Álvaro Anaquín, Arturo Jorge Mimessi, Gerardo Rubén Romero, Sebastián Héctor Silva, Juan Nolberto Llanos, Francisco Guzmán Garriga y Oscar Matías Esliman, como integrantes de estas asociaciones ilícitas.
Facturas emitidas desde el interior de la Municipalidad de Salta, intendencia Gustavo Sáenz
Según el diputado Carlos Zapata, el juez Bavio observó tras su investigación que el monto de las transacciones con las empresas involucradas y los ilícitos tributarios de la Municipalidad era de 400 millones de pesos –con un dólar a $14.80-, y que dentro de dicho monto, hubieron 120 millones de pesos en facturas que fueron emitidas desde la computadora que "estaba en la secretaría de Hacienda que ocupaba el señor Pablo Gauffin". La fuerza probatoria de la identidad del número IP (dirección del Protocolo de Internet), es de caracter definitivo, y dicha información confirma que al menos 120 millones de pesos fueron facturados desde la oficina de Hacienda de la Municipalidad de Salta, a cargo de Pablo Gauffín. Descartar, por otro lado, que superiores directos o tácitos de Gauffín eran ajenos a esto es de una inocencia supina.
La investigación federal que no fue
Agenda/Salta entrevistó en su momento al fiscal Federal Carlos Amad, quien remarcó que el ex Secretario de Hacienda de Gustavo Sáenz formaba parte de una organización que realizó o cometió “evasión impositiva y lavado de activos”. "Él –por Pablo Gauffin- forma parte de una asociación ilícita tributaria, tiene que responder y veremos que dice la Cámara de Casación Penal, cuando lea el expediente", había asegurado a este medio Amad. El fiscal confiaba en que sentando en indagatorias a Pablo Gauffín, el mismo se vería forzado a explicar la arquitectura de la estafa y el destino del dinero: "Quiero preguntarle que hizo con la plata", dijo.
En su momento esta acusación fue rechazada y el fiscal insistió, el planteo llegó a la Cámara Federal de Casación Penal ante la que Amad reclamó que se declare la competencia federal para investigar a Gauffin. Este recurso todavía no fue resuelto.
El negocio es aun más grande
Zapata señaló, además, que existen otras causas y que son del mismo periodo –intendencia de Gustavo Sáenz- como la del "pan solidario”, también con facturas apócrifas, pero con el agravante de que en esa se detectó que "el señor Cabrera Van Cawlaert, ordenaba pagar con cheques estas facturas apócrifas y este cheque se depositaba en su cuenta personal", un verdadero escándalo. Eso sí, en ninguno de los casos Gustavo Sáenz dijo una sola palabra, o la dijo, pero sin decir nada. Fiel caminador de tangentes.
¿Cómo en el Ajedrez, cada pieza fue puesta para proteger al rey?
Desde que Gustavo Sáenz ganó la gobernación de la provincia por casi 30 puntos de ventaja sobre el kirchnerista Sergio Leavy, en 2.019, muchos observaron constantes movimientos extraños y que tienen que ver con Justicia de Salta.
En primer lugar, el nombramiento de Alejandra Gauffin para integrar la Corte de Justicia de Salta. La magistrada es hermana de Pablo Gauffin, el sospechado ex Secretario de Hacienda de Gustavo Sáenz que renunció como consecuencia de la causa de las facturas apócrifas, siendo el funcionario más comprometido, hasta hoy. Dicho nombrameinto coloca un manto de sospechas que se podría haber evitado si el gobernador elegía a otra persona.
En segundo lugar, el nombramiento para integrar la Corte de Justicia de Salta de Horacio Aguilar, quien asesoró a Gustavo Sáenz frente a las denuncias en su contra por la causa de facturas apócrifas del CCM, y quien repentinamente renunció en las últimas semanas, aduciendo que su idea es continuar su carrera en la actividad privada, luego de dos años como magistrado en la Corte de Salta. Todo esto, a tan solo días de conocerse el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Raro.
Y en tercer lugar, sin dudas el polémico nombramiento de Pedro García Castiella como Procurador General de la Provincia de Salta. Este dato no tiene que ver su capacidad profesional, pero si con su pasado reciente como el funcionario al que se le escapó el desfalco más grande de la historia de la Municipalidad de Salta, durante la intendencia de Gustavo Sáenz. García Castiella era el Jefe de la Oficina Anticorrupción, esa oficia a la que se le pasaron millones de pesos en facturas apócrifas por las narices y que durante los dos primeros años de gestión formuló sólo una denuncia penal ante el Ministerio Público.
En este sentido y reforzando dicha hipótesis, el diputado Carlos Zapata declaró que: "Soy escéptico en cuanto a lo que pueda hacer el doctor García Castiella, sé que es una persona que goza de buen nombre, y no me cabe la menor duda de que ellos puedan ser, pero los hechos se le pasó por las narices, el primer hecho de corrupción inclusive fue detectado y denunciado por la AFIP durante su mandato, porque no había concluido la intendencia de Sáenz, recordemos que esto fue en enero de 2019 y no hubo ninguna medida, el tribunal de cuentas no tomó ninguna medida, no inició juicio para recuperar la plata".
Finalmente, el legislador opositor manifestó que pareciera ser que cuando el delito es cometido de la forma más alevosa posible, que es "robarse la plata y cuando te pillan, todas las pruebas o los que tienen que actuar como contramedida o anticuerpo dentro del sistema de administración todo se hacen los sota ¿Cómo puede ser que el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad no haya actuado y no haya abierto un expediente, un juicio de responsabilidad?".
El panorama respecto a la causa que podría complicar severamente al actual gobernador pareciera destinada a naufragar o al menos a dormir en algún cajón mientras dure su período como gobernador. las cámaras son adictas y la justicia provicnial no muestra señales de independencia. Sin embargo, y mal que nos pese, la causa por las facturas apócrifas va camino a transformase en la causa emblemática del poder de la corrupción en la provincia de Salta, y tiene responsables con nombres y apellidos.
