Caso Jimena Salas. Un investigador concluye que en un maletín se habían guardado estupefacientes y dinero en efectivo. La combinación es lógica. La hipótesis queda en la nada y el juicio también. Los acusados son beneficiados por la duda. El caso queda desierto. A Jimena la mataron con saña, más de 40 apuñaladas. La cereza del postre, autorizaron la cremación del cuerpo (una prueba contundente que debía ser preservada, por lo menos, hasta el final del juicio) a 72hs del femicidio de la misma ¿Quién lo autorizó?
Se podría agregar que el investigador que trajo a la mesa la hipótesis del maletín falleció en un trágico accidente de tránsito hace escasos meses. El oficial regresaba junto a su familia de un evento cuando en la ruta 34 una mala maniobra, que tiene como uno de los protagonistas a un gendarme que conducía bajo efectos del alcohol, le provocó la muerte instantánea a la esposa del investigador y posteriormente al mismo tras agonizar en el hospital San Bernardo durante casi una jornada.
Nicolás Cajal, esposo y viudo de Jimena Salas, se desempeñaba como gerente en Garbarino. Desde 2017, la vendedora de electrodomésticos es apuntada en una causa en Comodoro Py. La AFIP denunció a los responsables de la cadena de retail por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa, según documentos trascendidos en 2021. La empresa pasó de ser la empresa número uno en el rubro, a valer apenas monedas. En Salta, la misma quebró y cerró.
El segundo apellido del viudo de Jimena Salas es Gauffin. El mismo apellido detenta uno de los principales acusados por el caso de las facturas apócrifas en la municipalidad de Salta. Pablo Gauffín era secretario de Hacienda de Gustavo Sáenz, quien a su vez era el intendente capitalino al momento de que el caso estalle. En paralelo, el jefe de la oficina anticorrupción era el doctor Pedro García Castiella, nombrado en ese cargo por el propio Saénz. García Castiella no notó ningún movimiento extraño en el CCM durante esa gestión, sin embargo, un organismo federal -la AFIP- si lo notó, y llevó adelante una contundente investigación que tiene más de 350 carillas. La misma produjo detenciones, intervenciones y hasta internaciones.
Ya con el escándalo en todos los medios, la justicia local (los fiscales) se declararon incompetentes bajo la premisa que, al tener un matiz relacionado a la recaudación fiscal, debía intervenir el fuero federal. Los fiscales salteños no vieron la posibilidad de investigar el delito de corrupción o peculado, que si les correspondía investigar. Estaban bajo el comando del entonces procurador General de la provincia de Salta, Dr. Abel Cornejo. El mismo es hoy ministro de Seguridad y Justicia.
A la fecha, la obsesión del fiscal Federal Carlos Amad es sentar a Pablo Gauffín en indagatorias y preguntarle que hizo con el dinero en cuestión. Amad cree que Gauffín, cercado, no tendrá más salida que responder sobre el destino de los 180 millones de pesos (o los 450 millones, o los más de 800 millones, según la fuente en la causa), que fueron desfalcados de la municipalidad de Salta cuando el dólar tenía un valor de $17,20; o sea, a fecha actual podríamos estar hablando de una cifra que se encontraría entre los 10 y los 46 millones de dólares. Los números, cuando son actualizados, son espantosos.
En 2020, y ya como gobernador, Gustavo Sáenz amplió la Corte de Justicia de la provincia de Salta, ingresando para esto tres nuevos magistrados: Adriana Rodríguez Faraldo, Horacio Aguilar y María Alejandra Gauffín. Uno de estos apellidos les resultará familiar. La jueza Gauffín es hermana del imputado Pablo Gauffín, quien era secretario de Hacienda de Gustavo Saénz y tiene todos los dedos pegados en la causa de facturas apócrifas.
Recordemos también el segundo apellido del viudo de Jimena Salas: Gauffín ¿La justicia investigó esto? ¿Hay lazos de parentesco? Lo que es aun más grave es la facilidad con que el pliego de la Jueza María Alejandra Gauffín fue aprobado en el Senado de la provincia de Salta, que no barajó la posibilidad de que existan intereses cruzados, aunque los mismos sean solo sentimentales. La perlita de la corona es que otra persona, también nombrado Juez de la Corte junto a Gauffín, el Dr. Horacio Aguilar, fue el defensor de Gustavo Sáenz durante el año 2017 cuando Sergio Leavy acusó al actual gobernador de realizar maniobras fraudulentas durante la campaña.
El 11 de octubre de 2021, Salta se vio ante un hecho inusual y preocupante. Dos cadáveres habían sido encontrados en un camino de tierra paralelo a la autopista oeste capitalina. En un principio, organismos oficiales informaron que habían fallecido producto de un accidente de tránsito. Con el correr de las horas se supo lo peor, ambos presentaban un disparo en la cabeza. La escena había sido plantada, y había drogas de por medio.
El 2 de noviembre, veinte días después, aparecía un cuerpo sin vida en un camping de Sauzalito, a 8 kilómetros de General Güemes. El masculino, definitivamente, se estaba escondiendo. Era buscado por guardar algún tipo de relación con el doble crimen de Circunvalación oeste. En un principio se intentó se sembró la hipótesis del suicidio, sin embargo, un par de semanas después, el recién asumido procurador General de la provincia, Pedro García Castiella -el responsable de la oficina anticorrupción al momento de las facturas apócrifas- ordenó un allanamiento en el CIF: El cuerpo hallado en cercanías de General Güemes, de valor probatorio, se estaba en estado de descomposición producto de un supuesto error en los manejos de cadáveres en la morgue del CIF.
En apenas un par de años, dos cuerpos cuyo valor probatorio era de vital importancia, ya no estaban disponibles. Una había sido cremada, el otro se había descompuesto, estaba en estado de descomposición dentro del propio organismo investigador.
Asesinatos, robo, peculado y poder político. El coctel es explosivo. Pensar, además, en narcotráfico, no es descabellado. Con la provincia en problemas por los casos de inseguridad y algunos crímenes de gravedad inusitada (recordar el caso del muchacho degollado por puesteros en el Parque San Martín), el comandante Juan Manuel Pulleiro fue removido del cargo de ministro de Seguridad. Asumía en su cuenta el Dr. Abel Cornejo, quien hasta ese momento se había desempeñado como Procurador General de la provincia de Salta.
De carácter mediático, Cornejo intentó imponer una imagen de gestión y acción. Su página web se encuentra más actualizada que varios medios locales. Además, la firme decisión de salir a territorio lo diferenció inmediatamente del resto del gabinete saenzcista, que suele estar más cómodo en recónditas oficinas, lejos de la gente y de los sucesos.
La estrategia en principios dio resultado, pero nuevamente estalló el escandalo en Salta. Denuncias de manejos de fondos policiales y de pagos extraordinarios en una financiera, dos condimentos ideales para que el hecho se mediatice en segundos. La cúpula policial tambaleó. También el ministro. En paralelo, se intentó remover de su cargo al investigador policial que llevaba adelante las investigaciones, algo que causó más sospechas aún. Nadie quería que se avanzara en esa línea. Y es que la financiera en cuestión pagaba el 100% a quince días, algo carente de toda lógica. Inmediatamente las dos hipótesis más contundentes salieron ala luz: narcotráfico y/o peculado. Alguien necesitaba introducir grandísimas sumas de dinero al sistema, dinero no justificable en volúmenes lo suficientemente monstruosos como para que se justifique la perdida de la mitad del mismo.
Luego del maremoto sobrevino la calma. Allanamientos, detenciones que incluyen a policías y hasta choferes de algún secretario de Seguridad y las sospechas en el aire de que alguien intenta tapar algo. Y ese algo es muy grave.
Las pistas son muchas, pero siempre está la sensación de que existen determinados delitos que en la provincia de Salta no se investigan o cuya investigación suele quedar siempre a la mitad. El problema sobreviene cuando los mismos comienzan a superponerse por la necesidad de blanquear un volumen tan grande de dinero que ya es imposible ocultarlo de forma física. Un monto de dinero cuyo tamaño sea el de una casa, si se pusiesen un billete sobre el otro. Se habla de que 36 mil millones de pesos corrieron por la financiera en cuestión, y también se habla del poder político.
Tal es así, que cuando uno cree que no se puede ir más lejos, se produce un nuevo escándalo. Si bien algunos medios optaron por no tratarlo, durante la presente semana hubo graves denuncias contra otra financiera, Saulo S.R.L.
La sociedad Saulo está conformada por dos personas, una de estas está afectada al ministerio de seguridad de la provincia de Salta, o al menos es lo que declaró cuando se conformó la firma. El boletín oficial lo publica con fecha agosto de 2021. Justo antes del cambio de ministro en la cartera de Seguridad.
Nuevamente cabe que nos preguntemos que está sucediendo en la Justicia. Que sucede en el poder político. Que sucede con la obra pública, y cual es la relación de todo esto, si es que existe alguna, con las financieras que ofertan rentabilidad extraordinaria en apenas días, todo esto en un contexto inflacionario en el que no hay posibilidad de ganarle a la crisis. Lo peor es que al medio quedan causas desiertas y crímenes sin respuestas. La pregunta es ¿hasta cuándo pasará? Se requiere voluntad y personas dispuestas a investigar. De momento nadie parece cumplir con estos requisitos.
