Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continuarán hoy con sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez. Será la tercera audiencia de las nueve previstas por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la que seguirán con el análisis de las licitaciones de las 51 obras que obtuvo el empresario para la provincia de Santa Cruz.
Los alegatos comenzaron el lunes y los fiscales acusaron a Cristina Kirchner y al resto de los 12 imputados, por lo que al finalizar las audiencias pedirán condena. “Néstor y Cristina Kirchner instalaron una de las matrices más extraordinarias de corrupción”, sostuvo Luciani en la primera audiencia. Asimismo, el martes iniciaron el análisis de cada una de las obras: “Las licitaciones eran una ficción porque no hubo control”.
La audiencia de hoy comenzará a las 8:30, será por videoconferencia y Cristina Kirchner no estará presente. En esta etapa del juicio los acusados deben acudir, pero la ex presidenta pidió autorización para no estar por sus tareas en el Senado y el TOF 2 la autorizó para ausentarse. Se prevé que se extienda hasta las 17 horas.
Para hoy, se estima que los fiscales completen el análisis de las obras. Ya lo hicieron con 19 de ellas.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso le dieron a los fiscales nueve audiencias para alegar. Luciani adelantó que usará todas y que posiblemente requiera algunas más. Así, el alegato fiscal se extenderá de mínima hasta fin de mes. Luego será el turno de cada defensa que tendrán tres audiencias. La primera será la de Báez y la de Cristina Kirchner, la sexta. La expectativa del tribunal es que antes de fin de año haya veredicto.
Lázaro Báez
“Este ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”, describió Luciani en la primera audiencia.
En la causa de juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron de 2003 a 2015 para Santa Cruz. Junto con Cristina Kirchner y Báez están acusados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, José López, ex secretario de Obras Públicas, Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, y Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, entre otros.
Sobre las obras, el fiscal dio algunos datos. Las empresas de Báez recibieron el 78 por ciento de las obras que de 2003 a 2015 se adjudicaron a Santa Cruz. Solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonados, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.
También reveló una prueba que no se conocía y que llamó “plan limpiar todo”. Se trata de mensajes de whatsapp hallados en el celular de López que se le secuestró cuando fue detenido en 2016 en el convento de General Rodríguez con los bolsos con nueve millones de dólares.
Cristina Kichner en la primera audiencia de los alegatos
Luciani señaló que en esos mensajes se revelan reuniones de López con Cristina Kirchner y de Báez con la entonces presidenta en noviembre y diciembre de 2015, pocos días antes que dejé la presidencia. Según la acusación, en esas reuniones se acordó el pago de todo lo que se le debía a Báez -537 millones de pesos- por las obras a pesar que no estaban terminadas.
En la segunda audiencia del martes los fiscales comenzaron a analizar cada una de las obras que recibió Báez.
Los primeros ejemplos fueron los de cuatro licitaciones que se hicieron de manera simultánea “con una inadmisible celeridad que no estaba justificada”. Fueron licitaciones que se convocaron a fines de 2006 y se adjudicaron a principios de 2007. “Los contratos fueron firmados a pocos meses de comenzar la veda invernal, por lo que como establecía el contrato no se iba a poder comenzar los trabajos”, detalló Luciani y dijo que las licitaciones se adjudicaron en 45, 47, 46, 62 días desde el llamado a licitación. “Con una rapidez asombrosa, con una publicidad casi nula”, criticó.
La primera obra fue la pavimentación de 39 km de la ruta nacional 288 por 192 millones de pesos. A la licitación de presentaron Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti y Petersen. Las tres primeras de Báez y la cuarta “de cortesía”, dijo el fiscal porque ofreció un 20 por ciento más y quedó descalificada. La obra se le adjudicó a Gotti que se la cedió a Austral. El plazo de la obra era de tres años pero se extendió 120 meses y no finalizó.
La segunda obra fue la repavimentación de 67 km de la ruta 261 con un presupuesto de 93 millones de pesos. Se presentaron Kank y Costilla, Austral Construcciones y Petersen. Volvió a calificar “de cortesía” a Petersen que quedó descalificada porque presentó una garantía incorrecta. “Competencia ficticia”, calificó Luciani.
La pavimentación de 22 km de la ruta 40 fue la tercera obra. Con un presupuesto de 121 millones se presentaron Austral Construcciones-Gotti, Kank y Costilla y Petersen, que fue descalificada por una oferta 20 superior. Ganó Austral-Gotti.
El mismo esquema se dio para el ripiado en la ruta nacional 3: se presentaron Kank y Costilla, Austral Construcciones y Petersen. La última hizo una oferta de 20 por ciento más y fue descalificada. Ganó Austral Construcciones por 238 millones de pesos, 39 mas del presupuesto oficial.
“Nos permite dejar en claro que no solo hubo un direccionamiento grosero sino la falta de un adecuado control que tiene consecuencias nocivas para la administración. Y esto tiene como explicación que la orden de beneficiar a Báez venía de lo mas alto del poder ejecutivo”, analizó el fiscal.
La fiscalía continuará hoy con ese análisis.
