El juez federal Daniel Rafecas consideró que la denuncia del senador provincial por el departamento Güemes, Enrique Cornejo, contra el diputado nacional Carlos Zapata, en la polémica por la modificación impositiva a los cigarrillos de la ley Bases, no determina un delito y declaró la incompetencia del fuero federal. Con todo esto, el cruce entre los legisladores salteños volvió al ámbito local, con la intervención del Juzgado de Garantías 1 a cargo de la jueza Ada Zunino, de la provincia de Salta.
La resolución emitida en los tribunales de Comodoro Py se originó en la denuncia realizada por Cornejo, senador y síndico de la Cámara del Tabaco, contra Zapata. Había sido radicada en Salta y luego enviada al fuero federal.
En ella, el 23 de abril, Cornejo efectuó una presentación en base a una denuncia propiciada por la Cámara Argentina Nacional de Empresas de Tabaco (CANET) en la que se encontrarían implicados diputados nacionales que habrían desplegado una actividad ilícita para interferir en el capítulo fiscal de la denominada "ley Bases" vinculado a la industria del tabaco.
Esta denuncia tuvo una gran difusión mediática y Cornejo aseguró en su presentación que "según indican reiteradas notas periodísticas de medios nacionales y provinciales, en el desempeño de sus funciones como diputado nacional, el Sr. Zapata estaría vinculado a empresas cigarreras a quienes respondería desprotegiendo intereses del Estado, laborales funcionales y obligaciones propias y apartándose del principio de imparcialidad…"
Ya con la intervención de la Justicia federal, el fiscal Carlos Rívolo consideró en la investigación que "pretender incorporar una denuncia vaga, imprecisa, genérica -basada en artículos periodísticos o dichos en algún medio que persigue que se analice los motivos del diputado Zapata al presentar un proyecto de ley diferente al propuesto en la Ley Bases y asignarle el carácter de protector de intereses privados en contra de los intereses nacionales, ciertamente implica inmiscuirse en aspectos que hacen a la labor parlamentaria e incluir al ámbito penal cuestiones de naturaleza política, ajenas a los fines del proceso penal: el descubrimiento de la verdad material y la aplicación de la ley sustantiva".
En otra parte de su análisis Rívolo expresó: "La incorporación de la denuncia al presente expediente, implicaría permitir una ampliación del objeto procesal sin límites a una "excursión de pesca" que conllevaría una intromisión al ejercicio de la labor parlamentaria de manera general y grupal sin un correlato, asidero fáctico, que avalara y habilitara el inicio de una investigación penal, contrario a los principios del debido proceso penal….."
Por su parte el juez Rafecas fue mas duro en la argumentación para rechazar la competencia. El magistrado dijo: "…De esa manera, nos topamos con compendios fácticos absolutamente escindibles unos de los otros, que deberán ser estudiados de manera separada, puesto que en aquel que en esta causa nos ocupa ni siquiera puede determinarse cuál es el delito que habría sido cometido…"
Como resultado de estos argumentos, las actuaciones volverán ahora a la Provincia de Salta, donde el caso tuvo su origen en el ámbito de la Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos que postuló la declaración de incompetencia para seguir interviniendo.
"Las pruebas no son delitos"
Desde el sector político del diputado nacional Carlos Zapata respaldaron la determinación federal. "Las actuaciones ahora vuelven a la provincia de Salta, pero, quedó revelado lo inconsistente y ficticia de la denuncia del senador Cornejo y su falta de respaldo en hechos. Las noticias periodísticas vagas y el desacuerdo con la posición técnica y política sostenida por el diputado Zapata no son prueba de ningún delito, pues los legisladores son libres de expresarse y sostener sus ideas amparados en el Art 68 de la Constitución Nacional" aseguraron.
