Peajes, prepagas, naftas, matrículas de colegios privados, tarifas de telecomunicaciones, alquileres. Son las subas que ya están en marcha.
Pero vienen otras: desde mañana podría iniciarse un proceso de quita de subsidios que derivará en fuertes incrementos en las boletas de luz y gas y en los pasajes de trenes y colectivos. También se pondrá punto final al dólar ficticio: el nuevo gobierno ordenará un salto notable de la moneda norteamericana que sacudirá los mercados y que buscará achicar la brecha que existe entre el dólar oficial y el blue, que hoy toca el 150%. Se supone que la nueva cotización se trasladará automáticamente a las góndolas de los supermercados. Ya no habrá inflación reprimida. Precios Cuidados, menos.
El escenario que asoma resulta complejo. Los estudiosos de la historia económica argentina se preguntan si se trata de la herencia más pesada que haya recibido un presidente en democracia. La pobreza alcanza el 44,7%, según el último informe de la UCA: diez puntos más que cuando asumieron Alberto Fernández y Cristina Kirchner y con pronóstico de seguir en ascenso. La inflación interanual acumula el 142,7% -el triple de la que dejó Mauricio Macri- y podría cerrar 2023 en torno al 180. El dólar paralelo, que Alberto recibió en $ 63, cerró el viernes a $ 990. El estado del Banco Central agobia: había 13 mil millones de reservas netas en diciembre de 2019 y se estima que en la actualidad son negativas en 12 mil millones. Con un agravante: la deuda pública pasó en cuatro años de un equivalente de 323 mil millones de dólares a 419 mil millones.
Sobre estas ruinas, con un partido político en formación y un panorama legislativo precario, Javier Milei propone dar sus primeros pasos con un ajuste económico monumental. Un shock inédito que implica reducir cinco puntos del Producto Bruto Interno en solo un año. Esto es: piensa recortar gastos por entre 20 y 25 mil millones de dólares. Lo que se sabe de esa iniciativa es que habrá ajuste en los gastos de la política, que los ministerios se achicarán a la mitad -serán nueve- y que todos los ministros estarán obligados a una reducción drástica. El que no cumpla, se irá, asevera el flamante presidente. El Banco Central no podrá emitir, las provincias dejarán de recibir fondos discrecionales de la Nación y varias de las empresas públicas, que hoy provocan déficit, serán privatizadas.
¿De dónde provendrá el resto del achique? El plan está volcado sobre un amplísimo paquete de proyectos, contemplado en un mecanismo legislativo denominado Ley Omnibus, que se suele utilizar en el inicio de los mandatos, y que permite sancionar todas las resoluciones juntas y en tiempo récord. Esos proyectos contemplarían varias sorpresas. ¿Cuáles? Milei las guarda bajo siete llaves.
Su hermana, Karina Milei; su jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y su gurú de campaña, Santiago Caputo serían los únicos que están al tanto de los detalles. Ni Guillermo Francos, el inminente ministro del Interior, los conoce a fondo. Entre otras cosas porque aún ayer los proyectos estaban en elaboración. Su envío al Parlamento se había anunciado para el primer día de gestión, pero sufrirá demoras.
Varios de los miembros del futuro Gabinete y la gran mayoría de los 38 diputados y 7 senadores libertarios asumen que ellos también están a la expectativa. “Javier habla con nosotros, nos escucha y nos da alguna pista de hacia dónde va a ir, pero no profundiza”, dicen. Uno de ellos advierte que el camino está trazado, pero que podría haber reajustes inesperados. “Una cosa es describir la bomba, como hacía Javier hasta hace poco, y otra es estar sentado arriba, como estará a partir del lunes”, dice uno de sus asesores principales.
Milei intentará desactivarla desde el primer día. El mensaje, ya casi un eslogan, es: “No hay plata”. El anuncio provocó los primeros movimientos de las agrupaciones sociales y piqueteras. El lunes, en la CGT, con la excusa de la presentación de autoridades de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular -una de las agrupaciones vinculadas a Juan Grabois- sindicalistas y piqueteros empezaron a delinear un plan de lucha. El más duro fue Pablo Moyano. A su postura intransigente se podrían plegar los activistas de izquierda, que ya adelantaron que saldrán a la calle el 19 y 20 de este mes. El período de gracia hacia la nueva administración, por parte de los más duros, será de menos de diez días.
El resto podría esperar. El Movimiento Evita de Emilio Pérsico y Fernando Navarro , por ejemplo, habría adelantado que no pondrán piedras en el camino en el corto plazo. Los sectores cristinistas podrían imitarlos. La misma Cristina daría algún tipo de respiro mediático y Sergio Massa se alejará a dar clases en el exterior.
¿Y Alberto Fernández? El Presidente se irá a vivir a España. Dio su último mensaje el viernes por cadena nacional y se mostró, como durante casi toda su gestión, desconectado de la realidad. Hoy, tras cuatro años tortuosos, el jefe de Estado empezará a entrar en el pasado. En verdad, hace tiempo que parece anclado allí. Al margen de los indicadores económicos, que hablan por sí solos, y de la fiesta ilegal en Olivos en tiempos en los que el resto de la sociedad era amenazada por él mismo con el Código Penal, ni siquiera pudo cumplir con su promesa más elemental, la de no pelearse con su vice y mentora.
Esas disputas públicas y permanentes, que llegaron hasta el grotesco de que Cristina se comunicara a través de cartas públicas para contar intimidades de la relación y de por qué el país se dirigía hacia el precipicio, como si ella fuera una comentarista, desencadenaron un tembladeral que se profundizó para siempre después de la derrota en las legislativas de 2021.
La mayoría de los ministros y funcionarios cristinistas puso a disposición la renuncia y Fernández hizo, acaso, lo contrario de lo que hubiera hecho cualquier otro mandatario: en lugar de aceptarlas, casi que pidió por favor que no lo abandonaran. Incluso, lo hizo con su ministro político, el camporista Eduardo Wado De Pedro -el autor material de la rebelión-, con el que nunca más retomó el diálogo.
Desde entonces, Alberto soportó ofensas insospechadas para un presidente. “El que trajo al borracho que se lo lleve”, le dedicó Sergio Berni. Lo llamaron mequetrefe y okupa, y Cristina sugirió que ni siquiera estaba en condiciones de mostrar su celular por las cosas que ocultaba. Su agenda se volvió insignificante, mucho más desde la asunción de Massa, primero como superministro y luego, ya candidato, como virtual presidente. Había días enteros en que no tenía actividades oficiales.
Alberto sintió el frío del llano, lo que viene en su vida, hace poco más de un mes, cuando viajó a Uruguay para participar de un encuentro por la organización de los partidos inaugurales del Mundial de Fútbol 2030. Se reunió con los presidentes Luis Lacalle Pou, y el de Paraguay, Santiago Peña; junto a ellos estuvieron el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y los de las tres federaciones de fútbol: el de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia: el de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso: y el de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison.
Cuando estaba por finalizar la cumbre, el jefe de la AFA pidió que le trajeran camisetas argentinas para regalar. Le acercaron tres. Una se la regaló a Domínguez, la otra a Peña y, la restante, a Lacalle Pou. Alberto se quedó mirando con cara de: “¿Y la mía?”. Tapia le clavó los ojos: “La tuya te la voy a hacer llegar a Olivos la semana que viene”.
