Más allá de que algunos todavía no la tienen confirmada dentro de sus agendas, esta tarde a las 19 los gobernadores de Juntos por el Cambio tendrán una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la que plantearán sus opiniones respecto a la Ley Ómnibus que el Gobierno buscará aprobar esta semana.
Será, también, una muestra de fuerza, después de haber logrado que la Casa Rosada bajara una serie de reformas planteadas en el megaproyecto a raíz de pedidos de ese grupo de mandatarios.
La reunión fue confirmada a Clarín por al menos tres fuentes, si bien algunos la mantenían sujeta a oficialización. Será una nueva foto con representantes de las 10 provincias que gestionan entre el PRO y el radicalismo, pero con la posibilidad de que se sumen mandatarios del peronismo que apoyan buena parte de las modificaciones a la ley que promovieron los cambiemitas. Entre ellos figuran, por ejemplo, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, Raúl Jalil, de Catamarca, y el cordobés Martín Llaryora.
Por Juntos por el Cambio, en tanto, se espera que estén presentes Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy).
La semana pasada, los gobernadores de la oposición delinearon una serie de seis puntos que estaban incluidos en la ley y que el Gobierno terminó aceptando bajar del proyecto. Pero todavía no habían logrado que se sacara del texto la suba de retenciones y los cambios en jubilaciones, por ejemplo. Finalmente, el viernes, el ministro de Economía Luis Caputo anunció que todo el paquete fiscal del proyecto quedaba afuera, precisamente, a pedido de las provincias.
Esas decisiones fueron el cierre de una semana en la que Javier Milei había prometido en una reunión de Gabinete que iba a dejar "sin un peso" a los gobernadores y en la que el propio Caputo, así lo entienden los mandatarios, los amenazó abiertamente vía Twitter con recortarles partidas presupuestarias en caso de que no le dieran el aval a la norma. En el medio, por supuestamente filtrar información, el Presidente se despachó echando al ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro.
Los otros acuerdos se dieron en el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia por coparticipación que deberá pagarle Nación a la ciudad de Buenos Aires; en que el blanqueo promovido sea coparticipable a las provincias; en que no se eliminen los Fondos Fiduciarios (FFDP y FFFIR) que tienen como fin asistir a las provincias; en la forma en que se determina el Salario Mínimo Docente, CFE mediante; en el traspaso de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para que se salden deudas con las provincias y en la eliminación de la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes.
En esa línea -anticipan en charlas de Whatsapp los mandatarios-, lo que viene es un intento del Gobierno por darle una suerte de épica a la aprobación de la ley que, en los hechos, tendrá innumerables modificaciones en relación al proyecto original presentado ante el Congreso. El corazón de la reforma incluía cambios en Ganancias, en el sistema de jubilaciones y una suba de retenciones, todos temas sensibles para las provincias que quedaron truncos.
Sobre todo este último punto: para gobernadores como el santafesino radical Maximiliano Pullaro o el cordobés moderado Martín Llaryora era indigerible un aumento en los impuestos al campo y a las industrias de sus provincias.
En cuanto a Ganancias, si bien los beneficiaba una mayor recaudación en este gravamen coparticipable, no querían pagar el costo de reponer un duro ajuste a la clase media y proponen alternativas para compensarlo.
