El gobierno nacional pidió que la justicia no intervenga ni resuelva las causas contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 ya que el Congreso Nacional está evaluando el texto en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y dijo que la necesidad y la urgencia de una medida de gobierno es “una verdadera cuestión política (institucional) que debe ser considerada como no justiciable”.
“No hay dudas que la valoración política de la excepcionalidad, la necesidad y urgencia es del Poder Ejecutivo Nacional, y del Congreso de la Nación, mas no del Poder Judicial. Pues el Poder Legislativo será quien se encuentre en mejores condiciones para examinar si resultaba necesario sortear las vías ordinarias para la sanción de una Ley”, sostuvo el Ejecutivo en dos presentaciones que hizo.
Los abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, contestaron los informes que les solicitó el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico en los amparos que presentaron contra el DNU la asociación civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y el abogado Jorge Rizzo. En los amparos se pidió la inconstitucionalidad del DNU y una medida cautelar que suspenda provisoriamente sus efectos.
Antes de resolver la medida cautelar, el magistrado le pidió al gobierno que presente un informe con sus argumentos.
El Poder Ejecutivo sostuvo que el DNU que desregulariza la economía cumple a su criterio la Constitución Nacional. Los abogados señalaron que fue dictado en ejercicio de sus competencias, que hay “circunstancias excepcionales, razones de necesidad y urgencia evidentes que motivaron su dictado”, que no regula ninguno de los temas vedados como los electorales o los impositivos y que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, lo envió al Congreso para su tratamiento.
“El conjunto de medidas implementadas por el DNU N° 70/2023, se encuentra motivado en la urgencia causada por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una Ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio tiempo de debate y discusión parlamentaria”, plantearon los abogados.
El Gobierno consideró que la Justicia no debe intervenir porque es ahora el Congreso el que debe analizar si acepta o no el DNU. Posse envió el viernes pasado el texto a la Comisión Bicameral que tiene 10 días para emitir dictamen y luego remitirlo a cada una de las cámaras del Congreso. Con que una sola lo apruebe, el DNU quedará ratificado. La Comisión la integran ocho senadores y ocho diputados. Pero todavía no está conformada porque solo fueron designados los senadores. En Diputados la disputa está en qué cantidad de espacios le corresponde a cada bloque. Por lo tanto, la Comisión no tiene fecha para reunirse.
Para el Poder Ejecutivo el trámite en el Parlamento es “un procedimiento cuya velocidad dependerá de la exclusiva voluntad del Congreso y del debate democrático- representativo y sobre el cual los jueces no pueden avanzar”.
“Por ello una intervención del Poder Judicial en esta instancia, constituiría una actuación cuanto menos prematura, toda vez que se encuentra en marcha el mecanismo institucional previsto por la Constitución Nacional y el trámite parlamentario de la Ley N° 26.122, cual es el debido contralor por parte del órgano legislativo, del DNU dictado”, agregaron los abogados.
En sus escritos, la administración central planteó otros argumentos contra las causas. Señalaron que el Observatorio y Rizzo no tienen legitimidad en la representación para iniciar un amparo, que no hay un caso concreto que los afecte y que no hay verosimilitud en el derecho ni peligro en la demora, dos de los requisitos para dictar una medida cautelar.
Con esa presentación, el juez Lavié Pico quedó en condiciones de resolver si suspende o no el DNU hasta que se resuelva la constitucionalidad que es el planteo de fondo.
La Justicia ya dictó tres cautelares que suspendieron las reformas laborales del decreto. Fueron fallos de la justicia del trabajo en planteos que hicieron la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina.
En otro expediente, la Casa Rosada reclama que la causa de la CGT cambie de fuero y pase al contencioso administrativo federal. También que todas las causas contra el DNU queden concretadas en un proceso colectivo. Esos planteos están bajo revisión de la Cámara contencioso.
