“No puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así”. Con esta frase, Alberto Fernández buscó desligarse, hoy, de la onda expansiva provocada por el escándalo detectado en la ANSES durante su gestión como Presidente, entre 2019 y 2023, que ya derivó en una denuncia judicial y en una revisión exhaustiva de los seguros contratadas por las diferentes áreas de gobierno en ese período de tiempo.
Cuando el expresidente -en declaraciones concedidas a La Nación- habla de “ella” se refiere a una de sus históricas secretarias privadas, María Cantero, casada con el bróker de seguros Héctor García Sosa, mencionado en un posible caso de corrupción por las irregularidades que la gestión de Javier Milei encontró en el organismo público.
María, y su hermana Viviana, acompañan a Alberto Fernández desde hace más de 20 años. Cumplieron diversas funciones cuando era legislador porteño, cuando fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, y también en su paso como presidente de la Nación. Las hermanas Cantero son hijas de un poderoso empresario inmobiliario que ramificó “Cantero Propiedades” de la calle Rivadavia al 2000, en la zona de Congreso, a diversos puntos de la ciudad de Buenos Aires.
María Cantero y el bróker de seguros Héctor García Sosa viven en el mismo barrio de Zona Norte que el intendente de San Fernando, Juan Andreotti. Entre quienes conocen la vivienda y la rutina del matrimonio circula el rumor de que en la parte trasera del inmueble, donde está instalado un gimnasio, habría una bóveda.
De María hay poca información pública, más allá de alguna mención por parte del propio Fernández, y las resoluciones en boletines oficiales sobre sus respectivas funciones. Su hermana, en cambio, mantiene activo su perfil en Linkedin con la siguiente descripción: “Habilidad para trato con gremios y funcionarios de alto rango de organismos públicos. Experiencia en trabajo en equipo y mejora de clima laboral. Sinergizar mi trabajo diario con acciones sociales”.
El origen del escándalo
Antes de dejar su cargo como titular de la ANSES, Osvaldo Giordano ordenó dar marcha atrás con un contrato por 20.000 millones de pesos con Nación Seguros, un esquema que habilitaba la intervención de brókers intermediarios que se había instrumentado durante la gestión presidencial de Alberto Fernández.
La trama de contrataciones opacas con el rubro seguro -actividad que el expresidente conoce en profundidad porque allí inició su actividad política- fue revelada en una columna del editor general Adjunto de Clarín, Ricardo Roa, titulada “Destapan otra caja negra de la política en la ANSES”.
En el mencionado artículo, el periodista contó que Giordano investigó cómo era ese negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios. En la investigación, en concreto, Roa mencionó al bróker Pablo Torres García, poderoso empresario vinculado al peronismo cordobés de Juan Schiaretti.
En Nación Seguros estuvo a cargo los cuatro años que Alberto Fernández ejerció la presidencia el abogado Alberto Pagliano, un amigo de su juventud que lo acompañó cuando empezó, en la década del 90, en ese rubro pero del lado del Estado. Es un pasado común que también se remonta a los inicios de Provincia Seguros, la compañía creada para ser la encargada de dar cobertura al gobierno bonaerense.
Puntualmente, las dudas surgieron a partir de algunas maniobras que se habrían realizado en el marco de la Resolución 2/2022, de la Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que aprobó la solicitud de los servicios de Nación Seguros. Según el texto, la empresa estatal, que pertenece al grupo financiero del Banco Nación, se debía hacer cargo de “la cobertura de Seguro de Vida Colectivo sobre Saldo Deudor para los beneficiarios tomadores de préstamos dentro del Programa ‘Créditos ANSeS’, para las líneas de créditos destinadas a titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC), Pensión al Adulto Mayor (PUAM), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF)”.
Es decir, cada vez que el organismo le otorgaba un préstamo a un jubilado o beneficiario de alguno de los mencionados planes sociales, debía contratar un seguro de vida para esa persona y solamente podía hacerlo a través de esta compañía estatal. En esta intermediación, de acuerdo a la investigación que fuentes oficiales confirmaron que está en ANSES, se habrían cobrado comisiones del orden del 17%, el triple que lo normal en el mercado.
La orden para esa contratación fue firmada por quien era subdirector ejecutivo de operaciones del FGS, Lisandro Pablo Cleri, un dirigente de larga trayectoria y que unos meses después de esta decisión dejaría su cargo en el organismo de seguridad social para pasar a ser miembro del directorio del Banco Central, como parte del reordenamiento de Gabinete tras la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.
La resolución en cuestión se tomó en cumplimiento del Decreto 823/2021, que se emitió un año antes por disposición del entonces Presidente, de su jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de quien era el ministro de Economía, Martín Guzmán. Establecía que todas las entidades del Sector Público Nacional “deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”.
Pero el artículo cuarto de la norma aclaraba que, a su vez, esta empresa “podrá, en caso de que los tipos de riesgos lo requieran o bien las sumas aseguradas superen los límites máximos de retención a su cargo”, dar participación en forma de coaseguro, “a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguros”. Aquí se habilitaba el ingreso de intermediarios que debían estar bien conectados, ya que no se habría generado ninguna licitación ni compulsa su contratación. Acá apareció Torres García y, según la revelación de Roa, otro broker, Héctor Martínez Sosa, que está casado con una secretaria del ex presidente.
“Los porcentajes a ofrecer a otras entidades del mercado deberán guardar proporción con respecto a su responsabilidad patrimonial y demás indicadores que considere para su evaluación y para tales ofrecimientos, y, en su caso, con la eventual participación de entidades reaseguradoras del mercado local y/o reaseguradoras admitidas del exterior, dentro del marco normativo vigente”, detalló la normativa.
Las pólizas en cuestión fueron emitidas con una vigencia de 12 meses y originalmente vencían el 2 de marzo de 2023, pero la gestión de Alberto Fernández optó por hacer uso de la prórroga “por única vez y por un plazo igual”, por lo que se extendieron hasta esa misma fecha, pero de este año. Según pudo saber Infobae, ante posibles irregularidades en los contratos y en las comisiones que se cobraban por las pólizas de seguro de jubilados y beneficiarios de planes sociales que sacaran un crédito en el ANSES se podría abrir una causa judicial.
