En el encuentro “Democracia y Desarrollo” que organiza el grupo Clarín, el gobernador Gustavo Sáenz dijo que quiere que con el litio no ocurra lo que pasó con el gas y el petróleo en el norte donde se “llevaron todos los recursos y quedaron pueblos fantasmas”.
Reflexionemos sobre este asunto: Sáenz fue y es parte de un régimen político que gobierna Salta hace casi 30 años y que es el responsable de haber provocado que, después de 100 años de explotación petrolera, el norte de Salta se caracterice por la extrema pobreza y la muerte de niños por hambre.
Esa situación se profundizó con la privatización de YPF, que efectivamente dejó a los pueblos del departamento San Martín arrasados. Pero esos pueblos se levantaron para enfrentar la entrega de los recursos a los monopolios petroleros. La política privatista fue defendida por el régimen a sangre y fuego, con una represión que se cobro la vida de 5 trabajadores.
Esa represión fue ordenada y dirigida por Abel Cornejo, actual ministro de seguridad de Sáenz, que por entonces era juez federal. Sáenz no se hace cargo de que él es parte de los responsables políticos del desastre que produjo la privatización de YPF en el norte. Ahora el gobernador pretende engañarnos con que la política en relación al litio sería diferente y abriría oportunidades para las comunidades de la Puna.
Pero la política con relación al litio es idéntica a la que permitió el saqueo del gas y el petróleo. El litio es explotado por multinacionales mineras, en muchos casos asociadas a grandes empresas automotrices. Se llevan un recurso no renovable y pagan un miserable 3% de regalías que se calcula a partir de una declaración jurada que hacen las propias empresas sobre lo que extraen. El costo de producción de la tonelada de litio es de aproximadamente 5000 dólares y se vende a más de 70000, generando para las empresas una renta extraordinaria. Solo existe un proceso mínimo para producir carbonato de litio o hidróxido de litio. La industria de baterías esta concentrada en manos de China y Corea del Sur. Han fracasado todos los intentos de “industrializar” el litio en el país.
Pero además tenemos el ejemplo de Catamarca y la empresa Livent que explota litio hace 20 años, y la realidad de la provincia no ha cambiado. Además la empresa hizo un fraude con las exportaciones y se niega a pagar regalías en Salta cuando tiene declarada extracción en dos minas salteñas. Con todo esto, Massa se reunió con los directivos de Livent en su visita reciente a los Estados Unidos para firmar nuevos acuerdos de inversiones y profundizar la política de entrega de este mineral.
El lobby minero de este gobierno es tan grande que desde el gobernador Sáenz hasta la mayoría de la cámara de diputados de la provincia se han pronunciado en contra de la sanción de una ley de humedales, que según afirman, afectará a las multinacionales mineras de litio que explotan los salares de la Puna.
Esta película ya la vimos. El final de la explotación de litio será igual al del gas y el petróleo. Monopolios más ricos, poblaciones arrasadas y pobres, sin perspectivas, y con un pasivo ambiental enorme. Eso es lo que tiene Sáenz para ofrecer, un robo a mano armada y a cara descubierta, un nuevo saqueo que pagará el pueblo con sangre, sudor y lágrimas.
Solo un gobierno de trabajadores podrá disponer de los recursos naturales de manera social y ambientalmente sostenible y al servicio del interés del conjunto de la población.
Por Pablo López
