Los usuarios del transporte urbano de Tartagal pagan desde el inicio de este mes $90, el boleto urbano más caro de la Argentina, a la empresa 13 de junio.
Sumado a esto, se conoció en las últimas horas que los concejales oficialistas dándole la espalda a los tartagalenses que los votaron para defenderlos en el Concejo Deliberante, rechazaron retrotraer el costo del boleto, obligándolos a pagar tres veces lo que paga un porteño, por ejemplo.
En este sentido Agenda/Salta dialogó con el concejal Ernesto Restom, quien aseguró: "El boleto es el más caro del país, si fuese de primer nivel, ni con eso diríamos que $90 es un precio razonable. Los colectivos están en mal estado, no hay frecuencias, no hay corredores bien definidos, un montón de irregularidades".
Detalló, además, que en realidad el costo del pasaje en Tartagal, no es de $90 como se conoció en las últimas semanas, ya que el chofer nunca tiene cambio para dar el vuelto: "La gente cuando sube al colectivo, el chofer es el que cobra, no le da los $10 porque no tiene cambio. Si tenemos que hablar con la realidad el valor es de $100".
Remarcó que en una ciudad donde lo normal es carecer de todos los servicios, el costo del pasaje, para hacer millonarios a unos pocos, es salvaje: "En nuestra ciudad con tantas carencias, que tengamos que pagar un boleto más caro, con la falta de servicios que tenemos. No tenemos agua, la luz es intermitente, se nos mueren chicos de comunidades originarias, es realmente una locura"
Mimessi se hace el sota
En medio de toda la frustración que sufre el vecino de Tartagal, al ser rehén del transporte público más caro del país, llama la atención el silencio por parte del controvertido intendente Mario Mimessi, quien para el concejal está devolviendo un favor con esta medida “Para mí es una devolución de favores, porque la licitación pública sobre los corredores ya tendría que haberse hecho".
Según el concejal Restom, Marito tiene un fuerte apego a no presentar informes cuando son requeridos o presentar informes con datos que no corresponden a lo solicitado: "Quienes dicen ser hijos del padre de la democracia, no la cuidan; la pasan por encima. Alfonsín se vuelve a morir porque ve lo que está pasando".
El municipio está a la deriva y tanto su intendente como sus funcionarios, están preocupados por la campaña: "La gente no puede pagar el boleto y el intendente bailando cumbia en un escenario como si nada le preocuparía. Aquí se nos mueren los chicos y el intendente sin tomar medidas respecto a esa situación, sin exigirle al ministerio para que los chicos no se mueran".
Para Restom, la situación es crítica y lamenta que quien decía poder solucionar distintos problemas de la ciudad en un abrir y cerrar de ojos, jamás los haya abierto, y hoy se la pase gastando plata en publicidad: "A Mimessi, le gusta gastar lo ajeno, no lo propio, esa es la realidad. Mientras la plata sea de otro no hay problema. Cuando era concejal, no gastaba ni una; ahora que es intendente se gasta la de él y lo ajeno...más que la propia".
La empresa 13 de Junio le ganó un juicio millonario al municipio
Los usuarios del transporte urbano de Tartagal pagan desde el inicio de este mes $90, el boleto urbano más caro de la Argentina, a la empresa 13 de junio (que concentra la mayoría de los recorridos), y ahora también deberán pagarle un juicio millonario. La transportista es de propiedad del abogado Víctor Hugo Belmont, quien dio la información a través de los medios
Belmont precisó además que "ahora, la Municipalidad va a tener que afrontar el pago de sumas millonarias en concepto de indemnización, ya que el pasado 2 de agosto la Corte de Justicia me notificó del fallo por la demanda que yo le inicié al municipio. En uno de los párrafos dice que la Municipalidad no hizo absolutamente nada para detener la usurpación ilegal por parte de la empresa Urkupiña y que las actas que presentó la comuna, precisamente, no controlaron nada".
Con la sentencia favorable para Belmont se escribe otro capítulo más en Tartagal en relación al servicio más caro del país por el que el municipio -es decir todos los contribuyentes- deberán abonar sumas exorbitantes, porque como lo afirma el abogado, los letrados municipales -varios provienen de la gestión anterior a los que se sumó Irene Velázquez- no pudieron encontrar los medios legales para defender los intereses de la comuna.