El oficialismo ya empezó a hacer las cuentas en el Congreso. Antes de que Javier Milei vete la ley de financiamiento universitario, quieren estar seguros que contarán con todos los apoyos necesarios para mantener en firme la decisión del presidente. Por fuera de los diputados de La Libertad Avanza, el PRO y el MID, será central la postura que adopte una parte de los radicales. De ellos, una vez más, dependerá la suerte del Gobierno.
El mandatario ya está en condiciones de aplicar el veto total a la norma, después de que el jueves pasado el Senado envió el texto al Ejecutivo nacional. Tiene diez días para hacerlo a partir de esa fecha. El camino que deberá recorrer es el mismo que con la ley de movilidad jubilatoria, ya que desde la oposición adelantaron que insistirán con ratificar el aumento de fondos para las universidades.
Los libertarios cuentan con una carta que antes no tenían sobre la mesa: el Presupuesto 2025. Como ya fue enviado a la Cámara de Diputados, creen que lo podrán usar para negociar con los opositores cuando se trate el veto en el recinto, bajo el argumento de que en el proyecto se establece 3,8 billones de pesos para las universidades nacionales. Sin embargo, desde el Consejo Universitario Nacional sostienen que se deberían destinar 7,2 billones de pesos, es decir, casi el doble.
Pero la principal ventaja que tiene el oficialismo ahora es que ya sabe que puede incidir en la voluntad de al menos cinco radicales, que hasta la última votación no se habían desmarcado del todo de las decisiones adoptadas por el bloque que conduce Rodrigo De Loredo. La Casa Rosada mira con atención a Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y Federico Tournier, que fueron muy cuestionados por sus pares y a los cuatro primeros directamente se les suspendió la afiliación a la UCR.
En la sesión del 15 de agosto, Campero y Picat se ausentaron. Ambos adoptarían la misma postura ahora o, incluso, podrían rechazar la ley de financiamiento universitario. Arjol ya adelantó que no acompañará la norma, a pesar de que la otra vez votó a favor y que la iniciativa fue presentada por su partido. "No voy a votar nada que produzca desequilibrio fiscal", dijo la semana pasada, en diálogo con Radio Up.
Cervi y Tournier también apoyaron la ley hace poco más de un mes, pero en el radicalismo aseguran que "eso no quiere decir nada". "Es probable que los que primero votaron a favor de la movilidad jubilatoria y luego la rechazaron hagan lo mismo con las universidades, pero puede que no sean los únicos. Creo que hay varios más que quieren darse vuelta", dijo a BAE Negocios una diputada de la UCR.
Gerardo Cipollini y Juan Carlos Polini son otros de los radicales que se ausentaron, por lo que es una incógnita qué harán. El mendocino Lisandro Nieri, que responde al gobernador Alfredo Cornejo, fue el único legislador que se abstuvo en la votación anterior. Todo indica que optará de nuevo por ese camino.
La principal esperanza de la oposición que va detrás de la ratificación de la ley está puesta en la capacidad que tienen los rectores para meter presión en los radicales y en el nivel de la movilización que se puede dar en las calles, mucha más que la que tienen los jubilados. Por lo pronto, ya se está organizando una gran marcha para el 2 de octubre.
El bloque de Unión por la Patria -que tuvo varios ausentes en el debate anterior y que ahora espera revertir eso- ya les dijo a los rectores que es necesario coordinar una estrategia conjunta entre el peronismo, la UCR y las universidades para conseguir ratificar la ley.
