La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) pondrá en marcha en los próximos días una auditoría que abarcará a todo el país, pero que se focalizará inicialmente en Salta y otras nueve provincias del norte argentino , donde un relevamiento preliminar sacó a relucir notorias inconsistencias en un alto porcentaje de las 562.612 pensiones no contributivas que se otorgaron entre 2003 y 2023 por invalidez laborativa en las jurisdicciones del NOA y NEA.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) pondrá en marcha en los próximos días una auditoría que abarcará a todo el país, pero que se focalizará inicialmente en Salta y otras nueve provincias del norte argentino, donde un relevamiento preliminar sacó a relucir notorias inconsistencias en un alto porcentaje de las 562.612 pensiones no contributivas que se otorgaron entre 2003 y 2023 por invalidez laborativa en las jurisdicciones del NOA y NEA.
Fuentes del organismo precisaron que se revisará “caso por caso” con un operativo que abarcará al universo de 1.223.864 beneficiarios que hoy cobran la pensión, equivalente al 70% de una jubilación mínima, a lo largo y ancho del país. Adelantaron que, junto a comunas norteñas como El Quebrachal (Salta), Villa Angela (Chaco), Monte Quemado (Santiago del Estero), Tafí Viejo (Tucumán), Lomitas (Formosa) y Goya (Corrientes), resaltan con marcadores rojos municipios del conurbano bonaerense como Quilmes, Berazategui, Lanús y Florencio Varela.
En una auditoría médica, que se completó en la segunda quincena de julio sobre una muestra de 2.559 casos, se detectó que solo el 7% los beneficiarios reunía los requisitos de invalidez exigidos por la legislación vigente al momento de aprobarse los expedientes. Ante el festival de pensiones “truchas” que el vocero presidencial, Manuel Adorni, expuso días atrás en una se sus habituales conferencias de prensa en la Casa Rosada, el fiscal Guillermo Marijuan promovió ante los tribunales porteños de Comodoro Py una investigación de responsabilidades penales por una multimillonaria defraudación al Estado nacional.
En Taco Pozo, localidad chaqueña de 10.222 habitantes que limita con El Quebrachal, el fiscal federal ya formuló cargos concretos por defraudación a las arcas nacionales, falsedad ideológica y asociación ilícita contra 13 imputados, entre los que se cuentan el intendente de la citada comuna, funcionarios municipales y de la Anses, tres profesionales de la salud que sucedieron en la dirección del hospital zonal Santa Rosa de Lima y un exdirector del Hospital de Joaquín V. González que desde su consultorio particular en la ciudad anteña extendió varias de las certificaciones médicas implicadas en 740 pensiones “truchas”. En esa causa, de la que El Tribuno dio cuenta detallada en su edición del pasado jueves, Amad reunió con una minuciosa investigación iniciada en febrero de 2023 pruebas lapidarias con ramificaciones tras las cuales asoman otros expedientes con imputaciones de igual peso en otros municipios de Chaco, Salta, Santiago del Estero.
Revisarán caso por caso en hospitales
El operativo nacional de auditoría que está en camino, según se estima en el seno la nueva dirección ejecutiva que preside Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), podría terminar a fines de agosto o comienzos de septiembre con alrededor de 500.000 pensiones no contributivas dadas de baja por irregularidades.
Para determinar quiénes las cobran hoy sin reunir requisitos legales se citará a cada beneficiario por carta documento. Deberán presentarse en una oficina de la Anses o un hospital público donde médicos determinarán el grado de discapacidad de la persona.
También se revisará el perfil socioeconómico del beneficiario mediante cruces de información de propiedades, ingresos y consumos, ya que para acceder a una pensión por invalidez, los ingresos y el patrimonio del titular del beneficio o su grupo familiar no deben superar límites que están legalmente establecidos.
A la par de la revisión de las pensiones irregulares, serán auditadas millonarias facturaciones de centros médicos, clínicas y otros prestadores del Programa Incluir Salud.
Con toda esa información, la Andis resolverá si mantiene o da de baja la pensión. Los beneficiarios tendrán una instancia de apelación. Si no se presentan en la fecha y lugar precisados, perderán automáticamente el beneficio.
Desde la Andis aseguraron que solo se le quitará la pensión contributiva por invalidez a quienes realmente no cumplan con los requisitos para cobrar el beneficio que asciende actualmente a $ 216.000, de los que $146.000 se corresponden con el 70% de una jubilación mínima y $70.000 con un bono.
También afirmaron que quedarán al margen del operativo los 100.000 niños, niñas y adolescentes y los 60.000 adultos mayores que hoy lo perciben.
Esas aclaraciones tienen más de un motivo detrás, ya que con el tiempo se dictaron normativas que fueron flexibilizando los requisitos hasta el punto que en 2023, meses antes del cambio de gobierno, se eliminó la exigencia mínima de un 76% de incapacidad laboral y los límites de edad. Además, el gobierno de Mauricio Macri había intentado avanzar con una auditoría similar que terminó trabada por fallos judiciales.
