El Gobierno comenzó a considerar el manejo del suicidio en Argentina con una lógica epidemiológica, por lo que instó a todas las provincias a notificar estos eventos en un sistema de información unificado en el que deberán quedar registradas todas las circunstancias en las que ocurre cada episodio.
La acción fue confirmada en el último Boletín Epidemiológico Nacional, de la semana 16, donde se muestra la ficha que los efectores de salud deben completar cada vez que caiga bajo su órbita una situación en la que una persona se haya quitado la vida o haya intentado hacerlo.
Allí se define intento de suicidio como “todo comportamiento para el que existe evidencia, implícita o explícita, de intencionalidad de provocarse la muerte”. La ficha del Sistema de Vigilancia de la Salud debe contener los datos de la institución de salud que notifica y los de la persona involucrada, además de informar si fue con o sin resultado mortal.
Precisamente, uno de los problemas de las políticas públicas contra el suicidio es que no existen datos estadísticos actualizados y precisos. Las últimas cifras, de 2019, indican que la tasa local fue de 7,3 suicidios cada 100 mil habitantes. En los años anteriores la incidencia fue similar, pero no hay datos postpandemia.
La tasa en Argentina es más baja que el promedio mundial, que la Organización Mundial de la Salud calcula en 11 cada 100 mil habitantes. En Sudamérica hay países con menor tasa de suicidios que Argentina, como Brasil, Perú, Venezuela y Colombia. Y otros con una tasa mayor, como Chile, Uruguay y Paraguay.
La portada del último Boletín Epidemiológico destaca el tema del suicidio como problema de salud pública.
En números absolutos, durante el período 2010-2019 se produjeron 31.847 muertes por suicidios en Argentina, según la información de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud de la Nación (DEIS). Esto significa 3.185 suicidios por año y 8 por día, lo que implica uno cada 3 horas.
El Ministerio de Salud explicó que “el suicidio representa un problema de salud pública creciente y prioritario tanto a nivel mundial como regional, implica un fenómeno complejo, multicausal, en el que interactúan diversos factores (biológicos, psicológicos, sociales, culturales y medioambientales)”.
El objetivo del Estado argentino de combatir los suicidios lleva varios años, pero la intención nunca se terminó de plasmar. En 2015 se sancionó la Ley Nacional de Prevención del Suicidio (Nº 27.130), cuyo objetivo es “la disminución de la incidencia y prevalencia del suicidio, a través de la prevención, asistencia y posvención” (N. de la R: acciones e intervenciones posteriores a un evento autodestructivo).
Dicha ley promueve "crear un sistema de registro que contenga información estadística de los intentos de suicidios, suicidios cometidos, causa de los decesos, edad, sexo, evolución mensual, modalidad utilizada y todo otro dato de interés a los fines del mejoramiento de la información estadística, la que será proporcionada por los sectores dedicados a la problemática del suicidio, públicos y privados”.
También dice que “los casos de suicidio y las causas de los decesos deben notificarse obligatoriamente a la autoridad sanitaria más próxima”. Recién en 2021 el decreto 603 reglamentó la Ley 27.130, que promueve la unificación de registros sobre este tema. Ahora eso empezará a llevarse a la práctica y los casos quedarán archivados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).
La ficha que los centros de salud deben llenar cada vez que se presenta un caso de suicidio o intento de suicidio.
Desde la declaración de la pandemia de Covid, en marzo de 2020, la OMS viene advirtiendo respecto de los efectos en la salud mental de las personas, que se están evidenciando como consecuencia de una crisis sanitaria inédita. "Esas advertencias incluyen la proyección de los efectos mencionados en el mediano y largo plazo", argumentó el Ministerio de Salud en el boletín.
Los datos de la OMS indican que una de cada 100 muertes en el mundo es por suicidio. Considerado una "epidemia silenciosa", representa además la cuarta causa principal de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.
En este contexto, el Gobierno anunció que procura también habilitar líneas telefónicas gratuitas de escucha a situaciones críticas e instó a las obras sociales y prepagas a dar cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus familias.
En cuanto a los objetivos de la vigilancia con notificación obligatoria de estos eventos figuran: “Estimar la magnitud del evento en tiempo, persona y lugar; caracterizar epidemiológicamente los intentos de suicidio; identificar las poblaciones o grupos de riesgo para fortalecer las actividades de control y prevención; y brindar la información para procurar las acciones de seguimiento a las personas que hayan sido víctimas de intento de suicidio y a sus referentes vinculares”.
Para acelerar el plan de unificación de datos sobre el suicidio, el Ministerio informó que el Programa de Abordaje Integral del Suicidio y la Dirección de Epidemiología comenzaron las reuniones preparatorias con los equipos provinciales de las regiones Sur y Centro, para luego continuar con las provincias del NEA, NOA y Cuyo.
