En su discurso ante el Congreso para inaugurar las sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei volvió a presentarse como un outsider de la política. Como adelantó Ámbito, no dudo en criticar a “la casta” y se manifestó decidido a jugar fuerte en función de sus objetivos.
Se identificó como “un Presidente que puede no tener el poder de la política, pero que tiene el poder de la convicción y el apoyo de los millones de argentinos que quieren un cambio de verdad”. Y agregó más adelante, que “a diferencia de algunos de los que están acá o de quienes nos miran desde su provincia, la política para nosotros no es un fin en sí mismo. No vivimos por la política, no vivimos de la política, no tenemos ambición de poder. Lejos de todo eso, lo único que tenemos es sed de cambio”.
Pese a las críticas, el jefe de Estado desafió a los políticos a alcanzar acuerdos. En este sentido, propuso celebrar el próximo 25 de mayo un pacto con 10 principios para refundar el país.
Pero no lo hizo de una manera inocente. Milei dijo “toda la política está convocada a acompañarnos. No nos importa quienes sean, de donde vengan, ni qué de ideas hayan defendido. Para mostrar el compromiso del gobierno de avanzar en esta dirección, he instrumentado al jefe de Gabinete, al ministro de Economía y al Ministro del Interior a que, como primer paso antes de firmar el Pacto de Mayo, convoque a los gobernadores de todas las provincias argentinas a la Casa Rosada para firmar un preacuerdo y sancionar tanto la ley bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias”.
Cuando escucharon la propuesta, los mandatarios provinciales comenzaron a conversar entre ellos y sacaron una primera conclusión: el Presidente condiciona el alivio fiscal que demandan las provincias a la sanción de la ley bases replicando y ampliando las iniciativas que en su momento fueron rechazadas por el Congreso.
Para que no queden dudas, el primer mandatario señaló inmediatamente que “sancionadas ambas leyes, como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común basado en estos 10 principios”.
El Presidente adelantó algunas de las iniciativas que formarán parte del “paquete de leyes anticasta” que enviará al Congreso:
Eliminaremos las jubilaciones de privilegios para Presidente y Vicepresidente.
Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección posible.
Los convenios colectivos específicos que realizan en asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector.
Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo ex funcionario público con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario.
Reduciremos drásticamente la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores de la Nación.
Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro.
Eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos: cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios.
Penalizar por ley al Presidente de la Nación, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a los diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria. Y además propondremos que dicho delito esté a la altura de un delito de lesa humanidad de manera tal que sea imprescriptible.
Tras aclarar que se trata sólo de algunas de las reformas que piensa implementar su Gobierno, enfatizó que “avanzaremos ya sea a través de un proyecto de ley, de decretos o modificando regulaciones”. Es decir “no negociamos el cambio y vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la sociedad con o sin el apoyo de la dirigencia política”.
Si el mandatario lograra la sanción de estas medidas más las ya incluidas tanto en el proyecto de ley base como en el DNU 70, queda claro que tendría mucho más allanado el camino para lograr un acuerdo en mayo, toda vez que estas iniciativas contemplan cambios drásticos que quiebran el status quo de buena parte de la dirigencia.
Milei convocó a las provincias a firmar el 25 de mayo, Córdoba, “un acuerdo de diez puntos que reconstituye las Bases de la Argentina”. Ellos son:
La inviolabilidad de la propiedad privada.
El equilibrio fiscal innegociable (ya asegurado al proponer que se apruebe previamente la penalización de la emisión monetaria).
La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país (hoy forzado por la reducción de las transferencias del Tesoro).
Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal (en buena medida ya resuelta con iniciativas como la prevalencia de los acuerdos por empresa sobre los sectoriales).
Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados (en tal sentido propone que se autofinancien los partidos).
La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
Es decir que la estrategia es llegar al 25 de mayo con un porcentaje importante de acuerdos alcanzados que se lograrían con la aprobación de la Ley Base. Si, los gobernadores insisten en su negativa, difícilmente se logre la aprobación parlamentaria de la ley ómnibus y por lo tanto, la convocatoria a un acuerdo se vería frustrada como así también el alivio fiscal para las provincias.
Al respecto, Milei señaló “esta es la oferta que nosotros ponemos sobre la mesa: quedará en ustedes y en el resto de la dirigencia argentina saber aprovechar la oportunidad de cambiar la historia; o de lo contrario pretender continuar por este camino de decadencia”.
