El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno inhabilitará 60.000 pensiones de ANSES debido a incumplimientos con los requisitos establecidos. Esta medida es gracias a una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que descubrió una "actividad fraudulenta a gran escala" con un desvío de fondos estimado en 3.400 millones de dólares en el último año.
La auditoría, liderada por Diego Spagnuolo, Director Ejecutivo de ANDIS, y Mario Russo, Ministro de Salud, reveló un aumento drástico en el número de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, que subió de 79.000 en 2003 a 1.222.000 a diciembre de 2023. Este incremento es considerado "estratosférico" y comparable a cifras de países en crisis severa.
Además, se identificó que 683 empleados de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires recibían pensiones por invalidez, de las cuales el 65% fueron otorgadas en menos de 30 días. Estas irregularidades evidencian un grave mal manejo en la concesión de pensiones, lo que llevó al Gobierno a tomar medidas drásticas para corregir la situación.
Por otro lado, el organismo previsional confirmó que un sector de beneficiarios no cobrará los $81.000 extra de julio.
Qué pensiones serán dadas de baja
El Gobierno anunció que se procederá a la cancelación de 60.000 pensiones debido a irregularidades en su otorgamiento. Estas pensiones, destinadas a personas con discapacidad, serán dadas de baja por incumplir los requisitos establecidos. Entre las irregularidades identificadas, se encuentran la posesión de varios vehículos, propiedades, bienes en el extranjero, embarcaciones y aviones privados por parte de los beneficiarios.
Además, se descubrió que muchas de estas personas también estaban recibiendo el servicio de obra social Incluir Salud, lo que generó un gasto promedio de 1.5 millones de pesos por afiliado desde el gobierno nacional.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, subrayó que las pensiones por discapacidad deben ser destinadas exclusivamente a quienes realmente necesitan esta asistencia debido a una discapacidad que les impide trabajar. Se advirtió que las pensiones otorgadas fraudulentamente serán denunciadas penalmente como parte de una política más amplia para combatir la corrupción y el mal uso de los recursos públicos.
