Cinco meses después de denunciar por violencia de género al arzobispo Mario Cargnello, las Carmelitas Descalzas firmaron un acuerdo con la Iglesia y se levantó la custodia policial que tenían en la puerta del convento por disposición de la Justicia. Un delegado del Papa Francisco actuó como mediador entre las partes y visitará periódicamente Salta para monitorerar la situación.
A mediados de abril, el arzobispo fue denunciado por las religiosas del Convento San Bernardo. La acusación era por violencia psicológica, económica y física. La jueza a cargo de la causa, Carolina Cáceres Moreno, había ordenado que hubiera una consigna policial fija afuera del monasterio, ubicado en la calle Caseros.
El 27 de agosto, las denunciantes y el Arzobispado llegaron a un acuerdo con la intermediación de un abogado del Vaticano que a partir de ahora será una suerte de mediador que deberá supervisar cómo se sigue desarrollando la relación: Javier Belda Iniesta.
En el documento que firmaron, las partes asumieron compromisos para continuar de ahora en adelante con el vínculo.
Se especificó que “cada hermana puede practicar las devociones particulares que desee teniendo siempre presente la obligación de preservar la comunión con la Iglesia”. Esta cláusula, sin explicitarlo, zanja uno de los conflictos entre el Arzobispado y las Carmelitas, que desde el inicio estuvieron vinculadas con el movimiento de fe de la denominada “Inmaculada Madre del Corazón Eucarístico de Jesús” y con María Livia Galliano, la salteña que dice haber recibido mensajes de esa virgen.
Incluso algunas versiones dieron cuenta de que la denuncia de violencia contra Cargnello surgió luego de que el arzobispo se disgustara porque había una imagen de la Virgen del Cerro en el Convento, lo que habría derivado en una fuerte discusión.
Las partes también acordaron que el Arzobispado designaría a un delegado para que se haga la elección de la “priora”, que es la máxima autoridad del Convento. Las religiosas habían denunciado que Cargnello ponía trabas para que se realizara este trámite y que, sin una autoridad designada formalmente, las monjas tenían dificultades para administrar sus ingresos, lo que les generaba complicaciones económicas en el manejo del monasterio.
Eduardo Romani, abogado del arzobispo Mario Cargnello, confirmó que tras la firma del documento y con acuerdo de ambas partes ante el juzgado, se suspendió la consigna policial afuera del Convento. También indicó que se replanteó la prohibición de acercamiento al monasterio que se le había impuesto al arzobispo: antes era de 300 metros y quedó establecida en 100.
Las monjas, por su parte, asumieron el compromiso de designar a una ecónoma y presentar periódicamente ante el Arzobispado balances sobre sus ingresos y egresos.
Claudia Zerda Lamas, abogada de las Carmelitas Descalzas, prefirió no hacer declaraciones sobre los términos del acuerdo y la continuidad de la causa judicial que iniciaron contra Mario Cargnello.
