El juez federal Ariel Lijo autorizó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz liquidar el Potenciar Trabajo a los más de un millón trescientos mil titulares a pesar de las 253.184 incompatibilidades detectadas por la AFIP.
De esta manera, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano, tal como adelantó Infobae. La nota saliente es que la ex diputada, a través de un comunicado oficial, reconoció que dio de baja a otros 20.410 titulares que venían cobrando el beneficio de manera irregular. Esas personas ya fueron “depuradas del padrón y no se les abonará el mes de noviembre. Si, en cambio, los restantes 232.590 que aún no fueron verificados.
La medida judicial, que intenta morigerar cualquier posibilidad de un conflicto en las calles por la demora en el cobro de programa social, fue adoptada después de que la ex diputada judicial le solicitara ese permiso al juzgado de Lijo y a la fiscalía de Ercolini. Ambos la investigan por los presuntos delitos de incumplimiento de funciones, malversación de caudales y abuso de autoridad. La denuncia contra la ministra fue realizada por el fiscal Guillermo Marijuán por no haber dado de baja a los titulares con incompatibilidades apenas recibió el informe de la AFIP, el pasado 25 de octubre.
Por los mismos cargos es investigado Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social. Pérsico es el responsable de administrar el programa Potenciar Trabajo.
“El ministerio de Desarrollo Social de la Nación recibió de la Justicia la autorización para avanzar con el procedimiento de liquidación del Potenciar Trabajo correspondiente al mes de noviembre, por lo que mañana comenzarán a ver depositado el monto en sus cuentas bancarias las y los titulares de este programa”, dice el comunicado de la cartera que conduce Tolosa Paz y agrega: “El pasado jueves se puso en marcha la liquidación del Potenciar Trabajo referida al mes de noviembre, el proceso no es automático y se trabajó intensamente para acelerar los tiempos administrativos, teniendo en cuenta que diversos agentes de la administración gubernamental intervienen en el proceso de liquidación efectiva del programa”.
El juez Ariel Lijo (NA)
La resolución del juez federal que subroga el juzgado federal 12 llegó en medio de la marcha que las organizaciones piqueteras de izquierda realizaban al ministerio de Desarrollo Social contra “las políticas de ajuste sobre los planes sociales del Gobierno y la ministra Victoria Tolosa Paz”. Solicitan que de forma “urgente” se deposite el Potenciar Trabajo que corresponde al mes de noviembre a más de 1.300.000 beneficiarios.
“El Gobierno decidido a hacer un ajuste al pueblo, busca recortar los Potenciar Trabajo a cualquier costo. Intentan desacoplarlo del Salario Mínimo Vital y Móvil para pagar menos, insisten con una auditoria virtual, y ahora vienen con este informe desde AFIP”, le dijo a Infobae Silvia Saravia, Coordinadora Nacional Territorial de Libres del Sur.
La dirigente social se refiere a los 253.184 beneficiarios sobre las cuales la Administración Federal de Ingresos Públicos detectó incompatibilidades. Por no dar de baja a esos titulares, el fiscal Guillermo Marijuán denunció a Tolosa Paz por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento en sus deberes y abuso de autoridad. Para Saravia, “atrás de este ajuste fenomenal está el cumplimiento del acuerdo y las recetas que les exige el FMI.”
La Unidad Piquetera le reclama a la ministra de Desarrollo Social el pago de la deuda del programa Potenciar Trabajo de noviembre
La movilización, que comenzó a las 11 de la mañana, continuará ya que, según dijeron Saravia y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, la ministra aún no se expresó sobre el aguinaldo que reclaman ni les aseguró que el Potenciar Trabajo no será desenganchado del Salario Mínimo Vital y Móvil.
“En el marco de las actuaciones que lleva adelante el Ministerio con la finalidad de identificar potenciales incompatibilidades e inconsistencias que pudieran surgir en la conformación del padrón de titulares del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo con el cual se debe liquidar el mes de noviembre, se requirió al sistema SINTyS el padrón de titulares con el entrecruzamiento requerido a partir de las bases de datos proporcionadas por la AFIP, en cumplimiento del levantamiento del secreto fiscal dispuesto por el Juez Federal Julián Ercolini a solicitud de la titular de este Ministerio”, informaron desde la cartera de Tolosa Paz y agregaron: “El pedido de relevar a la AFIP de la obligación de preservar el secreto fiscal que recae sobre el organismo fue solicitado por la ministra Victoria Tolosa Paz el pasado martes 29 de noviembre. Al día siguiente, el miércoles 30, el Juzgado hizo lugar al requerimiento formulado y ordenó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos que proceda a facilitar las bases de datos nominalizadas que correspondieran a la solicitud que este mismo Ministerio realizó oportunamente”.
Por esa tramitación, recién el jueves pasado el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaría de Economía Social a cargo de Pérsico, “tomó conocimiento de las bases de datos nominales para poder realizar el cruce de datos y en consecuencia, habiendo realizado el análisis de la información en virtud de las resoluciones que rigen sobre el Programa Potenciar Trabajo y que determinan –entre otras cosas- los requisitos para ser titular del programa, se procedió del siguiente modo: Se liquida en forma ordinaria, como se vino haciendo hasta este momento, a las y los titulares del Programa Potenciar Trabajo que se encuentran enmarcados dentro de los requisitos establecidos por la Resolución 2021-1868-APN-MDS que establece el marco jurídico para el funcionamiento y la implementación de esta política social”.
La segunda medida tomada por Tolosa Paz, y en base a al cruce de datos entregado por el Banco Central de la República Argentina, y con la información contenida en las bases enviadas por AFIP, “se procedió a efectuar bajas de titulares del Potenciar Trabajo, ascendiendo las mismas a 20.410 casos nominales”, informó el ministerio. A estos titulares se suman los más de tres mil que ya habían sido depurados del padrón por incompatibilidades, como por ejemplo, la compra de dólares.
Tolosa Paz no aclaró si dentro de las bajas están contemplados los que tienen más de una propiedad, prepagas, son jubilados o retirados, o estaban en el padrón a pesar de haber fallecidos. Sí, en cambio, se comunicó que: “El ministerio de Desarrollo Social de la Nación continúa con el análisis detallado del padrón de titulares activos a fin de seguir detectando potenciales incompatibilidades. En virtud de continuar con ese procedimiento y contar con la autorización de la Justicia, se presentó un escrito ante el Juez Ariel Lijo, interviniente en la causa de investigación que se iniciara sobre estas actuaciones, para solicitar que se determine cómo proceder”.
La frase no es del todo acertada, quien investiga esas irregularidades es el juez Julián Ercolini, por esa razón fue quien levantó el secreto fiscal de la AFIP, a pedido de la funcionaria, para que el organismo a cargo de Carlos Castagneto identifique a cada uno de los beneficiarios sospechados de cobrar el plan a pesar de las incompatibilidades. Lijo, también por una denuncia del fiscal Marijuán investiga a Tolosa Paz y Pérsico por los posibles tres delitos ya mencionados.
“Solicité al Juez la autorización para depositar, porque no voy a cometer ningún acto de injusticia, como tampoco voy a cometer ningún delito”, expresó al y aclaró que: “La decisión de la Justicia determinó la liquidación del Programa Potenciar Trabajo para los casos que todavía requieren entrecruzamiento de información, de esa forma todas las partes podrán actuar a derecho y no se incurrirá en una irregularidad o arbitrariedad manifiesta”.
A pesar del anuncio de la liquidación del Potenciar Trabajo, mañana los movimientos sociales oficialistas, nucleados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se concentrarán en el obelisco porteño bajo la consigna: “Basta de persecuciones a los y las de abajo. No al ajuste en el Potenciar Trabajo”.
“El gobierno, decidido a hacer un ajuste al pueblo, busca recortar los Potenciar Trabajo a cualquier costo. Por eso intentan desacoplarlo del Salario Mínimo Vital y Móvil para pagar menos", dice Silvia Saravia, Coordinadora Nacional Territorial Libres del Sur.
Según le anticipó Gildo Onorato a Infobae, “aún hay reclamos que no están resueltos”. Entre ellos el pago de aguinaldo y la certeza que no se desenganchará al Potenciar Trabajo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Los piqueteros que marchas al edificio con la imagen de Evita solicitaron una audiencia urgente con la la funcionaria del gabinete de Alberto Fernández, pero hasta no fue concedida. “No somos los trabajadores sin trabajo, los trabajadores de cooperativas, los compañeros y compañeras que luchan todos los días por salir de la situación de hambre y miseria a la que la han llevado los distintos gobiernos de las últimas décadas los responsables ni de la crisis social ni de la corrupción”, aclaró con vehemencia Saravia.
Los piqueteros también le exigirán a Tolosa Paz un Bono de emergencia a modo de “compensación por lo perdido con la inflación en el último año, del 100% del Potenciar Trabajo, y exigirle que no se desenganche el programa del salario mínimo, que es la forma en la que el Gobierno -por exigencia del FMI- intenta llevar adelante una reducción de la inflación, una exigencia que las patronales de han hecho a la ministra de Trabajo Kelly Olmos”.
Para Saravia, el ajuste en los programas sociales no es de ahora: “Cristina Kirchner tomó la iniciativa en junio, planteando que el gobierno había perdido el manejo de las políticas públicas”. En ese contexto, apuntó: “Los funcionarios de las organizaciones oficialistas, encabezadas por Emilio Pérsico, sólo reaccionan si ven comprometidos sus intereses. Del ajuste hacia el conjunto del pueblo, ni una palabra”.
La Unidad Piquetera desarrolla hoy una marcha por "tiempo indeterminado al ministerio de Desarrollo Social, piden una audiencia con la ministra Victoria Tolosa Paz (Maximiliano Luna)
El viernes pasado, Alberto Fernández y la ministra Tolosa Paz se reunieron en Casa Rosada para acordar con los movimientos sociales oficialistas que la auditoría sobre los más de 250.000 beneficiarios que presentaría inconsistencias se realizará recién a partir de febrero y se postergará la decisión, aún no oficializada, de desenganchas al Potenciar Trabajo del Salario Mínimo Vital y Móvil.
En representación de las organizaciones sociales estuvieron Pérsico y Esteban “Gringo” Castro, el secretario general de la UTEP; los dirigentes de izquierda no fueron invitados, aunque los reclamos son similares.
