Transcurrieron más de diez días desde la rotura del dique de colas de las cooperativas mineras de Potosí y ningún organismo de Bolivia, Argentina ni Paraguay especificó aún el volumen y el tipo de metales pesados que se derramó sobre cursos afluentes del río Pilcomayo. Mucho menos se aclaró todavía sobre los impactos que ya son palpables en la zona del nuevo desastre y que preocupan, con motivos fundados, a las comunidades originarias de Santa Victoria Este.
Es que desde el pasado 23 de julio, cuando se reportó desde la Villa Imperial el enésimo colapso de un dique de relaves mineros, los gobiernos locales, nacionales y la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo pusieron más energías en desmentir la mancha que dijeron haber visto algunos pobladores ribereños que en llevar información clara a las angustiadas comunidades weenhayek, wichís, chorotes, tobas, tapietes y chulupíes que tienen sus vidas atadas al degradado curso en el sur de Bolivia, el noreste de Salta y el borde norteño de Formosa.
La negación de siempre
"Se está magnificando el tema", sostuvo el vocero de la Gobernación de Potosí, Aldo Effen, pese a reconocer que los relaves llegaron a la quebrada de Tarapaya, que se conecta con el río Pilcomayo, donde hay tres comunidades con tierras y fuentes hídricas afectadas por la contaminación. De hecho, Effen confirmó que la administración potosina intimó a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) a retirar los lodos tóxicos que cubrieron un área de 32 kilómetros en un plazo máximo de 60 días corridos.
Así se maneja desde hace largo tiempo la información sobre lo que ocurre con el Pilcomayo, donde los metales pesados que se acumulan en los sedimentos causan estragos a largo plazo en la salud de miles de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas cuya subsistencia depende del agua y el recurso ictícola del contaminado río. Ni siquiera la Justicia Federal de Salta logró romper el hermetismo en 2018, cuando organismos provinciales, nacionales y la Comisión Trinacional se pasaron la pelota ante pedidos de informes que quedaron finalmente trabados en las cancillerías.
Por estos días nada es distinto a lo que ocurrió tras los grandes desastres que produjeron las roturas de los diques de colas de las operaciones mineras de Porco, Itas y Santiago Apóstol.
Solo con el tiempo, y en retazos, se supo que el desastre de Porco, ocurrido el 29 de agosto de 1996, descargó en la alta cuenca del Pilcomayo 235.000 metros cúbicos de colas. Tras analizar niveles de plomo, cadmio, arsénico, selenio, cobre, cromo, cobalto, níquel y zinc se comprobó que, si bien la contaminación tuvo el mayor impacto inicial en los primeros 50 kilómetros, los metales pesados diluidos en el agua y arrastrados con los sedimentos por las crecidas también se manifestaron después con significativas concentraciones en muestras que se tomaron en Misión La Paz (Santa Victoria Este).
El derrame que se produjo el 2 de agosto de 2000 también repercutió en la calidad del agua y del recurso pesquero. Su impacto fue estimado por equipos de investigación independientes, pero no movió el mismo interés en organismos relacionados al manejo de la cuenca, quizás porque la empresa responsable no tenía como dueño a un presidente de Bolivia, como había sido el caso de Porco, cuya operadora era una firma de Gonzalo Daniel Sánchez de Lozada.
La rotura del dique de la operación minera Santiago Apóstol, ocurrida el 4 de julio de 2014, volcó otros 11.000 metros cúbicos de lodos contaminantes en la alta cuenca del Pilcomayo.
Sin perder de vista esos antecedentes, especialistas que tienen un amplio conocimiento de lo que ocurre en la cuenca aclararon que la rotura del dique de las cooperativas mineras de Potosí no debería tomarse como un incidente aislado, sino como un problema recurrente que necesita ser abordado con mucha más profundidad, a nivel político, por los tres países que comparten las aguas interjurisdiccionales.
Baja migración de peces
En medio del revuelo que se armó por el nuevo desastre minero reportado en Potosí, la Dirección de Biodiversidad Conservación y Desarrollo de la Fauna (Codefauna) de Tarija solicitó a autoridades departamentales, regionales y nacionales del vecino país la declaración de emergencia de la cuenca del río Pilcomayo por la escasez de sábalos, surubíes, dorados y bogas para el consumo y la comercialización.
El director de Codefauna, Evelio Téllez, afirmó que es necesario y urgente declarar la emergencia en Villa Montes para evitar la pesca indiscriminada en zonas de reproducción y desove. El funcionario aseguró que la medida busca evitar que familias originarias queden sin recurso por la baja migración de sábalos.
