El próximo 15 de mayo inicia en la ciudad de Tartagal el juicio contra Carlos Fernando Páez, acusado por abuso sexual en prejuicio de un ex-seminarista. Páez era sacerdote de la parroquia La Santa Cruz de Villa Saavedra, dependiente de la diócesis de Orán y fue denunciado en julio del 2019 por hechos de abuso cometidos entre los años 2015 y 2017. Al respecto, la licenciada psicóloga Liliana Rodríguez, de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, conversó con Agenda/Salta y destacó algunas irregularidades que llaman la atención en todo este caso y que también se tuvieron en situaciones anteriores. Por eso llamó a no repetir los errores cometidos en el caso Zanchetta y que se haga una justicia con condenas efectivas que se cumplan en cárcel común
Entre ellas reconoció la designación de fiscales, a quienes desde un inicio se los conocía por tener vínculos con Páez, como sucede con la primera fiscal de la causa, Lorena Martínez, quien era catequista del sacerdote. Luego se hizo cargo la pareja de Martínez, el fiscal Pablo Cabot, quien ahora dirige las investigaciones. "Esto fue planteado, esto es preocupante. Nadie está diciendo que es imposible, pero que es muy, muy difícil mantener la objetividad cuando se está tan cerca, nos llama la atención", explicó la psicóloga. Luego detalló que para llegar al juicio hubo dilaciones. motivadas sobre todo por la condición social del denunciante: "Una gran diferencia es cuando él o la sobreviviente tiene los recursos económicos para tener su abogado o abogada particular, y otra cosa es cuando no la tiene. Y en esta situación estamos hablando de un joven que no tuvo, no tiene esos recursos. Entonces, con el desconocimiento que tenemos en general los ciudadanos de las cuestiones legales, hubo irregularidades, hubo cosas que preocuparon, como que nunca estuvo muy bien informado de los distintos pasos, de los distintos tiempos".
También Rodríguez remarcó que la fecha del juicio se da un día después de las elecciones provinciales en Salta. "La verdad es que nos parece que algo tiene que ver porque Salta es una provincia como tantas otras en nuestro país, donde, digamos, el peso que tiene la Iglesia católica sobre los poderes del Estado, el poder judicial, es muy importante". Y en ese sentido recordó el juicio, también por abuso sexual, al ex obispo Gustavo Zanchetta, un sujeto de la jerarquía eclesiástica que hasta tenía conexiones directas con el Vaticano.
Luego, la entrevistada acusó el hostigamiento al que se expuso el ahora denunciante de Páez, así como su familia, al punto que se tuvo que ir de Salta a vivir a otra provincia.
"Es por eso que la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, quien represento junto con el ILEC de Salta, hicimos un comunicado público donde presentamos la gran preocupación por la falta de garantías de seguridad física tanto del denunciante como de su familia y también de que haya un juicio justo con todas las garantías necesarias con la posibilidad de que los periodistas puedan tener acceso a la sala porque son una parte sumamente importante. El periodismo es fundamental en nuestras causas. Nos ayudan a que esto se visibilice, a que se pueda comprender este fenómeno", aclaró Rodríguez.
En ese sentido, la entrevistada acotó que el Fiscal Cabot les garantizó la seguridad tanto del denunciante como su familia; además dijo que confían en que el tribunal mantendrá la fecha del inicio del juicio y que no haya más dilaciones. "Esperamos que sea un tribunal que dé todas las garantías, que haya un juicio y una condena ejemplar con cárcel común y que sea efectiva, porque después están todos los otros vericuetos. Entonces estamos como muy centrados, mirando mucho qué está sucediendo en Salta, qué va a suceder, y queremos mandar un mensaje también a la comunidad, porque habla quien puede hablar. Como red, después de 10 años de experiencia, podemos asegurar que quien abusa no lo hace solo una vez. Y que son algunas las personas que pueden tener las condiciones y la valentía para poner su palabra".
Así también, explicó: "acá el problema es la institución, es la iglesia, que no castiga. La iglesia traslada, pero no castiga. Entonces, tenemos que confiar en la justicia ordinaria y confiar en que esa justicia va a castigar lo que entendemos como delito. La iglesia entiende esto mismo como pecado, nosotros lo entendemos como delito, y la justicia lo entiende como delito. Entonces, no nos confundamos en esto. Y esto va mucho más allá que las creencias de las personas, porque la red y todo, y todas las que integramos la red, que cada quien tiene su creencia, no tiene que ver con las creencias. Tiene que ver con una institución que habilita la pedofilia y que no castiga".
Más adelante, Rodríguez detalló: "No puedo dejar de enmarcar lo que sucede con Zanchetta con las preocupaciones que tenemos con este juicio. No puedo dejar de enmarcar que siguen teniendo el poder, que sigue habiendo una connivencia entre el Estado, el Poder Judicial y la Iglesia. Por eso planteamos separación de Iglesia-Estado. Nos va a llevar mucho tiempo, pero depende de una sociedad que tome conciencia y de una sociedad que se ponga a pensar y apelo al pensamiento crítico de la sociedad salteña en este caso, en una sociedad que se ponga a pensar, si me parece justo, que una persona condenada como Zanchetta tenga estos privilegios cuando las cárceles están llenas de personas que han sido condenadas por diferentes delitos y que no tienen estos privilegios. Digamos, justicia pareja, justicia para todos, de la misma manera. Castigo para todos los que han cometido delitos de la misma manera. Por eso es que tenemos que hablar de cárcel común y efectiva. Porque sabemos, perfectamente, como luego están los Zanchetta haciendo todo esto que está sucediendo en Salta y bueno, y nos queremos un pedófilo más con nuestras calles. Ese es el tema".
