Corredores Viales, la empresa estatal que se constituyó con el 51% de las acciones controlado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación y el restante 49% del capital en manos de Vialidad Nacional, ya no tiene márgenes para demorar la reparación de la ruta 9/34 entre San José de Metán y Yatasto.
El ultimátum por el deplorable tramo de 14 kilómetros que espera una urgentes trabajos entre las ciudades de Rosario de la Frontera y Metán salió de la Corte salteña, que confirmó con un fallo cautelar la orden que emitiera el juez Sebastián Fucho, en febrero último, ante una acción de amparo presentada por la concejal metanense María José Bernis y el intendente de ese Municipio del sur de la provincia, José María Issa.
En el fallo, con el voto de siete de nueve de sus integrantes, la Corte de Salta determinó que si bien los tribunales provinciales no tienen competencia ante demandas formuladas contra organismos nacionales que requieren la consideración de normas e instrumentos de carácter federal, sí tienen facultades para dictar medidas cautelares como en este caso.
El máximo tribunal provincial fundó el pronunciamiento en la imperiosa necesidad de actuar en la salvaguarda de derechos constitucionales fundamentales, como lo son el derecho a la vida, a la salud y a la integridad corporal. En este sentido, resaltó que la implementación de una solución provisional procede para proteger dichos derechos fundamentales sin vulnerar los de la defensa y del acceso a un juez natural. Destacó, asimismo, que una intervención temprana en este asunto urge para prevenir daños y garantizar el cumplimiento de objetivos de interés público.
Sobre esta base, la resolución con la que el juez del amparo ordenó reparar en forma inmediata la ruta 9/34 entre los kilómetros 1446 y 1460 fue mantenida por la Corte de Justicia de Salta como medida cautelar y por el plazo de 60 días hábiles a contar desde la notificación de la decisión.
En la acción de amparo se puso de manifiesto que entre el acceso sur de Metán y Yatasto resulta casi imposible transitar por los profundos ahuellamientos, desniveles y filos que tiene la calzada. Para evitar roturas de neumáticos, llantas, trenes delanteros, sistemas de suspensión, chasis, carrocerías y cárteres de motor muchos deben salir a las banquinas y realizar maniobras arriesgadas que ponen en vidas en peligro.
Lejos de responder a la orden judicial que se dictó en febrero y obligaba a Corredores Viales a poner en condiciones ese calamitoso tramo por el que circulan diariamente unos 6.000 vehículos en un plazo máximo de 20 días, la concesionaria estatal del peaje que tiene ventanillas de cobro en la estación de Cabeza de Buey apeló la resolución del juez Fucho. En ella, el magistrado también había ordenado a Vialidad Nacional que ejerza su rol como autoridad de aplicación y de control de las concesiones viales, para verificar las normas del buen arte de construir y las especificaciones técnicas. Ese punto, dejó expuesto un verdadero conflicto de intereses en el seno de la empresa pública que explota el peaje de la ruta 9/34 y es responsable de su debido mantenimiento, ya que Vialidad Nacional quedó en los dos lados del mostrador como controlante y controlada.
El magistrado impuso a Corredores Viales S.A, como daño punitivo, la suma de $2.000.000 que serán destinados al hospital Del Carmen de Metán.
A pesar del estado deplorable de la cinta asfáltica, y para mayor indignación de los usuarios de la neurálgica ruta, desde el 26 de abril de ese año Corredores Viales aplicó en las tarifas de los pesajes incrementos del 200%. Ese mismo mes, por no cumplir con la reparación de la ruta, el juez del amparo dispuso multas diarias (astreintes) de $2.500.000 para la empresa estatal del peaje. A su vez, en mayo, resolvió trabar un embargo preventivo por $75 millones sobre cuentas bancarias de Corredores Viales.
