Italia avanza hacia una reforma que podría facilitar la obtención de la ciudadanía a miles de inmigrantes. El Gobierno ya definió las fechas en las que convocará a la población para decidir sobre un cambio clave en los requisitos de naturalización. Esta medida busca modificar la legislación vigente, que hasta ahora obliga a los extranjeros a residir al menos diez años en el país para iniciar el trámite.
El Ejecutivo italiano estableció que el referéndum se llevará a cabo el 8 y 9 de junio, y necesitará la participación mínima de 23 millones de ciudadanos para ser vinculante. Si prospera, la propuesta permitirá que los residentes puedan solicitar la ciudadanía después de cinco años de permanencia, en lugar de los diez actuales. Esta modificación no afectará el acceso por la vía del derecho de sangre, que permite a los descendientes directos de italianos reclamar la nacionalidad sin importar su país de residencia.
Italia planea cambiar un importante requisito para obtener la ciudadanía: desde cuándo estará vigente
El partido Mais Europa promovió este proyecto con el objetivo de devolver a la legislación italiana los parámetros previos a 1992. La reforma impactará en cerca de 2,5 millones de personas que viven actualmente en Italia, incluyendo a sus hijos menores de edad. Los futuros solicitantes deberán acreditar un conocimiento intermedio del idioma italiano y demostrar que cuentan con recursos económicos suficientes para mantenerse sin recurrir a la asistencia estatal.
La medida busca responder a las demandas de diversas organizaciones que representan a la comunidad inmigrante y que, desde hace años, piden que Italia adapte sus normativas a la realidad demográfica y social actual. Según los impulsores de la iniciativa, una reducción en los plazos de residencia también contribuirá a la integración y al desarrollo económico del país.
El referéndum de junio también incluirá otros temas laborales propuestos por el sindicato Cgil. Entre ellos, se someterán a votación la posible eliminación de la Ley de Empleo, impulsada durante el gobierno de Matteo Renzi, y cambios en la normativa vigente sobre seguridad laboral y despidos en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
