Micaela Isabel Bermúdez tiene 26 años, sufre de lupus, es paciente en diálisis y vive en condiciones de extrema pobreza y precariedad en el asentamiento San Javier, en la zona sudeste, frente al relleno sanitario, un lugar inhabitable y que carece de servicios básicos. Recientemente fue víctima de agresiones por parte de vecinos, quienes quieren echarla del lugar. Su caso deja al descubierto la gravedad de la crisis habitacional en Salta.
“Cansada de vivir en la calle con mis dos hijos, desde hace varios días que andaba dando vueltas por el asentamiento. El martes por la noche lloviznaba y vi un terreno vacío, entonces decidí meterme. En todos los demás terrenos había familias, pero en este no había nadie”, contó a El Tribuno Micaela, quien es madre de una niña de 10 años y un niño de siete.
Y añadió: “Después vino una mujer que dijo ser la dueña y ante la Policía acordamos que íbamos a dividir el terreno a la mitad: una parte para cada una, pero llegaron sus primas y otros familiares a gritarme y con tarimas empezaron a cercar todo. Yo estaba con mis hijos, mi madre, mi suegra, y nos acorralaron a todos”.
Micaela aseguró que la mantuvieron encerrada, por lo que tuvo que volver a llamar a la Policía el miércoles alrededor de las 18. “Me dijeron que si no partíamos a la mitad el terreno nos iban a sacar a las dos, entonces colocamos palos para dividir”, contó.
El jueves por la tarde se volvió a reavivar el conflicto. “Me quieren sacar a cada rato. Estoy desesperada”, expresó Micaela, quien padece insuficiencia renal y recibe tratamiento en los hospitales San Bernardo y Señor del Milagro. Debe someterse a diálisis tres veces por semana.
Pese a que requiere condiciones de extrema higiene por sus patologías, vive en el terreno donde solo hay una cama rodeada de cartones, plásticos, frazadas y chapas. Los hijos de la mujer concurren a una escuela del barrio Solidaridad.
“Necesito material para hacer una pieza, por lo menos para que mis hijos estén bien. Les pido a las autoridades que me escuchen y me ayuden a salir de esta situación”, sostuvo desesperada la mujer. Las personas que deseen ayudar a Micaela y su familia pueden contactarse al siguiente celular: 3874032964.
Inhabitable
A medida que se avanza por el asentamiento, por caminos pedregosos, el olor de la basura y el humo se tornan asfixiantes.
“Las personas que ingresan a los terrenos los limpian, los mantienen y viven precariamente. Salen a trabajar y vuelven”, contó Graciela Fortunato, de 51 años, una referente vecinal.
El sector donde tiene una cama rodeada de cartones.
La mayoría subsiste con el cobro de asignaciones y planes, y hay muchos hombres que trabajan como albañiles.
Graciela señaló: “La persona que debería haber estado viviendo en el terreno que ahora ocupa Micaela no estaba. Aquí no podés ingresar al terreno y después irte para alquilar a otro lugar, o vivir con algún familiar. Esto es para la gente que no tiene ningún techo”.
Hizo hincapié en que “la ley ampara a la persona que tiene discapacidad. Micaela necesita protección. Pedimos por favor que las autoridades vean la forma para que ella pueda quedarse”.
Los vecinos del lugar contaron que los episodios de violencia que se desataron en los últimos días por la disputa por el terreno son preocupantes.
“La familia que ataca a Micaela lo hace con mucha prepotencia. En medio quedan sus dos niños. No vamos a permitir que la agredan. Encima antes de uno de los ataques, ella recién llegaba de hacerse la diálisis, en ambulancia, pero esta gente no ve eso”, comentaron.
Graciela manifestó que una problemática grave es la venta ilegal de los terrenos del asentamiento San Javier. “Hay gente que vino a limpiar terrenos para venderlos por Facebook. Esa es nuestra lucha con las distintas referentes del asentamiento. Somos ocho y buscamos evitar eso”, dijo.
“En el sector donde estamos nosotras los ofrecen a 450 mil pesos y la gente los compra igual. Es todo un tema pelear, sufrir, ir a la comisaría a denunciar. Están identificadas las personas que hacen estas maniobras, pero necesitamos más pruebas. Incluso muchos nos hicimos pasar por compradores y al terreno lo termina ocupando alguien que sí necesita. De esa forma evitamos la venta”, recalcó.
Son más de 483 las familias que viven en el asentamiento San Javier. Algunas desde hace unos seis años. Las casillas son de madera, plástico y en el mejor de los casos chapas. La inseguridad es otra problemática, ya que hay saqueos constantes. El consumo problemático de sustancias es otro flagelo.
“Nosotros sabíamos adonde veníamos, que está el basural, la depuradora, que hay contaminación, riesgo de cáncer. Presentamos notas en todos los organismos y nos responden que aquí no es apto para vivir, pero nos quedamos por necesidad y es el Gobierno provincial el que nos debe dar una solución definitiva”, sostuvo.
Y finalizó: “Cuando los candidatos tuvieron que venir a pedir el voto sí entraron aquí y nos prometieron miles de cosas, y pasó el tiempo y no hicieron nada. La gente sigue en la misma vulnerabilidad”.
Fuente: El Tribuno
