La Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta reportó un aumento alarmante de casos de violencia y abuso infantil en lo que va del año. En el primer semestre de 2024, se registraron más de 5.000 activaciones de protocolo para la protección de menores, triplicando la cantidad del año pasado.
Actualmente, más de 100 familias han asumido el cuidado de menores separados de sus familias de origen por violencia o abuso, mientras que otros 300 niños viven en dispositivos proteccionales.
"Tuvimos activaciones convocadas por la asesoría de incapaces que nos advirtió sobre menores vinculados a material de abuso sexual infantil”, dijo la titular de la secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, Carina Iradi.
“Hay situaciones en las que el progenitor usa y abusa de sus hijos y vende ese material en el mercado negro", advirtió. Luego aclaró que la secretaria no forma parte del proceso penal, pero hacen el resguardo de los niños involucrados con la comisión de un delito.
Además remarcó que se trabaja en campañas de adopción y programas de acompañamiento para adolescentes institucionalizados. Sin embargo, resaltó la necesidad de reformas legales para abordar la realidad de las “familias solidarias” y la adopción.
Hoy en los dispositivos proteccionales se trabaja con más de 35 familias para conseguir el reingreso de los niños o adolescentes a su familia de origen o familia ampliada. Lo que indica la ley es que siempre deben trabajar con la familia de origen, lo cual en muchos casos es posible y se genera la restitución al hogar. Pero en otros casos no es factible, ya que depende de múltiples causales, hay progenitores que no adhieren a un tratamiento y en otros casos por la imposibilidad que la familia asuma los cuidados.
En el primer semestre del año el organismo de la niñez provincial recibió más de 5.000 activaciones de protocolo, en su mayoría por distribución del material de abuso sexual infantil. Las cuales se dan por distintos mecanismos, ya sea a través de escuelas, de hospitales públicos, de los propios asociados intervinientes, de escuelas generales que tomaban conocimiento de un delito en donde estaban involucrados niños, entonces los contactan para la adopción de una medida de protección.
Desde la fiscalía, donde tienen una asesoría, inmediatamente les comunican sobre cada caso, toman intervención y hacen el abordaje del caso. La titular de la Niñez y Familia de Salta remarcó que hay una fiscalía especializada en ciberdelincuencia y son ellos los que a través de una articulación e investigación, inclusive con fuerzas federales avanzan en detectar alguna situación en donde están involucrados niños. Es ahí cuando se pone en conocimiento a la asesoría de turno que corresponde, y luego los ponen en conocimiento para su intervención institucional.
La titular de la secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia explicó que cuando un adolescente de algún hogar pide salir con algún chico o chica, les solicitan que esa persona con la que quiere vincularse se entreviste con el equipo técnico o la coordinación del dispositivo. Cuando se le habilita la salida, siempre se lo envía acompañados con un operador que los espera a una distancia prudencial y cuando ellos “sienten” que esa situación les incomoda, ahí es cuando entran en conflicto. “Cuando se habla de fugas, en realidad no lo son, ya que nosotros tenemos un régimen que funciona como en una casa”, dijo Iradi.
Y resaltó que los hogares de la provincia no son dependencias de seguridad, sino casas y como en cualquier hogar hay mecanismos de seguridad para evitar robos.
En cuanto a los menores contó que salen y regresan de realizar sus actividades como escuela, boxeo, natación, o algún curso que les interesa. Cada hogar proteccional cuenta con un equipo interviniente, con una coordinación y con operadores convivenciales que están 24 horas al día en turnos rotativos.
Los chicos ingresan a un dispositivo estatal y la secretaría de la Niñez tiene 150 días en total para revincular a un menor con su familia, son 90 días iniciales prorrogables por 90 días más, a los fines de hacer la restitución de derechos con la familia de origen de ser posible. Si no es posible se avanza con la familia ampliada o algún referente afectivo, y si esto no se logra el niño pasa a un estado de adoptabilidad, que inicialmente es administrativa y posteriormente judicial. “Nosotros no podemos revincular un niño cuyo padre lo ha abusado sexualmente”, indicó.
La Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta promueve campañas de adopción para niños mayores y adolescentes, y ofrece programas de acompañamiento para su integración social. Pero la mayoría de las personas que se inscriben en el registro buscan adoptar niños pequeños, no así más grandes y mucho menos adolescentes. Y resaltó que también pasa que ellos mismo no quieren ser adoptados. “Y ni quiero hablar si un chico o una chica tiene algún tipo de discapacidad o algún retraso madurativo”, enfatizó. Y dijo que estos chicos finalmente crecen en los hogares.
También dijo que cuentan con el programa "Familia Solidaria" para cuidado temporal de niños pequeños. Sin embargo, destacó la necesidad de reformas legales para abordar la adopción y cuidado de menores. Las familias que hacen este cuidado están inscritas en un registro y han atravesado un proceso de formación para el cuidado de niños ajenos. “Más allá de la vocación, si no entienden de qué se trata el programa se puede generar un conflicto con esa familia, al sentirse vulnerada o encariñarse con el niño”, sostuvo Iradi. Finalmente contó la realidad es que las familias solidarias quieren ser “familias adoptivas”, pero la ley no acompaña.
