Una megacausa judicial sacude a Salta en el marco de la auditoría nacional sobre pensiones no contributivas por invalidez. Según fuentes cercanas a la investigación, casi 20 mil pensiones en la provincia estarían siendo cobradas de manera irregular.
"Estamos trabajando para identificar quiénes son las personas que estuvieron detrás del otorgamiento de estas pensiones", explicaron. El objetivo es desarmar por completo la estructura de fraude y llegar a todos los responsables.
Todo comenzó cuando se detectó que un médico de Joaquín V. González emitía certificados médicos falsos a personas de Taco Pozo, una localidad chaqueña limítrofe con Salta. Ese hecho encendió las alarmas y derivó en una causa penal que se tramita en la Justicia Federal.
"Estamos hablando de billones", advirtió el fiscal federal Carlos Amad. "Comenté el caso con el fiscal general del distrito, el doctor (Eduardo Villalba) e iniciamos una investigación en Salta y Jujuy. Está muy avanzada", señaló.
Consultado sobre si en Salta ocurre lo mismo que en Taco Pozo, Amad fue claro: "Sí, obviamente que pasa. No solo que pasa, sino que yo puedo anticipar que los montos son escandalosos. Es más grande que lo de Taco Pozo, que es un pueblo. Acá estoy hablando del total de la provincia".
Cuando se le preguntó por la cantidad de personas implicadas, respondió: "Tenés de todo: el médico que firma el certificado trucho, el bioquímico que valida análisis falsos, los administrativos que arman los expedientes, y hasta gente en Buenos Aires que da el visto bueno cuando no debería hacerlo". Y agregó: "Si son más de tres personas, ya es una banda criminal, por lo tanto estamos hablando de una asociación ilícita".
El caso que destapó la trama tuvo lugar en Taco Pozo, un pueblo de poco más de 10 mil habitantes. Entre 2020 y 2023, se entregaron allí 740 pensiones por invalidez con documentación médica adulterada. La causa ya tiene 13 imputados, entre ellos el intendente Carlos Ibáñez, funcionarios municipales, empleados de la ANSES y tres médicos, incluyendo a Rafael Lenín Azañero Anaya, exdirector del hospital de Joaquín V. González.
Anaya emitía certificados desde su consultorio en Salta, que luego eran usados para solicitar beneficios en Chaco. En muchos casos, los solicitantes pagaban hasta $30.000 para acceder a una pensión que debería ser gratuita.
La pesquisa avanzó con allanamientos, peritajes, testimonios e informes de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Allí se detectó la utilización de estudios duplicados, radiografías reutilizadas y hasta exámenes veterinarios como pruebas médicas.
La auditoría que impulsa la nueva conducción de la Andis reveló cifras alarmantes: solo 7 de cada 100 pensiones revisadas cumplen con los requisitos legales. En Salta se están examinando 58.223 beneficios, el doble que en Jujuy.
Se estima que más de medio millón de pensiones podrían ser dadas de baja en todo el país tras la revisión integral. En Salta, localidades como El Quebrachal, Joaquín V. González y Talavera están siendo monitoreadas de cerca por la Justicia.
En una conferencia reciente, el vocero presidencial Manuel Adorni puso en evidencia la magnitud del fraude: "La radiografía de un hombro roto fue utilizada como prueba en 150 trámites distintos. ¿Cómo nadie en la Andis detectó esto?", se preguntó.
Uno de los casos más insólitos ocurrió en 2022, cuando un médico presentó una radiografía de un perro como documentación para justificar una pensión. En la imagen, claramente se veía la cola del animal.
Entre 2003 y 2023, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez creció de 79.000 a más de 1.224.000. Solo en el último año, según cifras oficiales, el Estado habría perdido más de 3.400 millones de dólares por este esquema fraudulento.
