Los trabajadores de la empresa de transporte urbano 13 de Junio que tiene a su cargo todo el transporte urbano en Tartagal, cumplieron ayer una semana sin prestar los servicios, situación que dificulta enormemente la actividad de quienes residen en los barrios más alejados del centro de la ciudad. Hasta ayer el propietario de la empresa, el abogado y exdiputado provincial por el departamento San Martín, Víctor Hugo Belmont, nada había respondido a los reclamos de los trabajadores que permanecían apostados en la base de trabajo.
Los trabajadores con la firma del delegado de la empresa de transporte 13 de Junio, Rafael Ricardo Ruiz, hicieron llegar el petitorio a la patronal que comprende entre otros puntos: que se registre a los trabajadores en negro que llevan 7 años en esa situación; la cancelación de la deuda de sueldos del personal con la escala salarial vigente a diciembre de 2023; la actualización de los sueldos básicos; el cumplimiento de los días de descanso; que se abonen las vacaciones; que se realice la entrega de ropa de trabajo al personal; que se disponga de unidades en buenas condiciones, y el aumento de unidades para algunos recorridos ya que solo disponen de un solo coche cuando la demanda es elevada.
Ruiz precisó que hasta el momento "nos llamó la gente de UTA porque nos habíamos presentado ante el Ministerio de Trabajo y tenemos que esperar a ver qué responde el propietario de 13 de Junio respecto de nuestros reclamos. Lo que nosotros estamos pidiendo es totalmente razonable porque tenemos un básico que figura en los recibos de sueldo de $126.000 cuando en el mes de diciembre el convenio lo estableció en $537.000. Es decir que quienes tengan que jubilarse lo harán con la mínima y no tomando en cuenta el básico que está establecido por ley. Por otro lado estamos reclamando porque nos hacen figurar el pago del viático en los recibos de sueldo pero en realidad no lo abonan, sin contar que los sueldos no se nos abona del 1 al 10 sino que recién estamos cobrando el día 25".
El delegado consideró que "ya no se puede esperar más porque en setiembre del año pasado hicimos un paro y se nos prometió mejorar toda la situación pero nada ha cambiado; han sido muchos meses de esperar, de ser flexibles pero no hemos obtenido ninguna respuesta".
Choferes se hacen cargo
Los trabajadores de la empresa 13 de Junio remarcan que las quejas de los usuarios llegan a ellos, tanto por la condición mecánica de los coches como por la falta de limpieza. Alejandro Hid, uno de los choferes en paro explicó que "la gente se queja por la falta de limpieza de los coches y nosotros podríamos parar 7 minutos y limpiarlos pero desde la empresa nos exigen que hagamos los recorridos sin parar, al punto que no podemos ir ni al baño. Y dependiendo de cómo se produzcan los accidentes o los incidentes que involucren uno de los coches, pueden hacerle cargo al chofer o la empresa. Circulamos con coches que no tienen amortiguadores y hay que tener en cuenta que el 70% del recorrido son calles de tierra, entonces es inminente la rotura de las unidades" expresó.
Un juicio millonario
El delegado gremial explicó que otro de los reclamos "es el tema de la condición de las unidades que prestan el servicio. Hay pérdida de agua, de aceite y son los choferes los que tienen que estar haciendo las reparaciones con los pasajeros arriba. Se nos ha incendiado un colectivo que fue noticia por los medios de comunicación y la realidad es que desconocemos cuál ha sido la falla que ha provocado ese incendio. En una zona como Tartagal los usuarios nos piden que los coches por lo menos tengan una cortina para protegerse del sol y del intenso calor pero los choferes no pueden hacer nada porque es un tema que tiene que resolverlo la empresa y la patronal".
Ruiz fue consultado por un millonario jucio de $270 millones que la empresa 13 de Junio le ganó al municipio de Tartagal y que en parte fue abonado por la anterior gestión quedando para la actual alrededor de un 50% de esa demanda entablada por 13 de Junio contra el municipio de Tartagal. Quien debía defender los intereses del municipio era la misma letrada socia del estudio jurídico de Víctor Hugo Belmont quien durante la gestión radical del exintendente Mario MImessi se desempeñaba como asesora legal de la comuna.
"Lo que sabemos es que la empresa ganó ese juicio millonario, se compraron algunas unidades que no eran nuevas pero están mejores que las que tenemos y se arregló un poco el taller, pero más nada" explicó el delegado.
Fuente El Tribuno
